El gobierno bonaerense aguardará a que el INDEC informe el índice de inflación de mayo antes de retormar la negociación salarial con los gremios. Pero mientras espera ese número que podría rondar el 2 por ciento, tiene resuelta una hoja de ruta para seguir en las paritarias.
Según trascendió en fuentes calificadas, la idea oficial sería establecer un acuerdo salarial “largo”, por varios meses, siguiendo la línea del último cierre que la Provincia firmó con los gremios.
En los primeros días de marzo, el gobierno de Axel Kicillof y los sindicatos docentes, estatales, judiciales y profesionales de la Salud acordaron una mejora salarial del 1,5 % en febrero, más un 5% adicional en marzo y otro 2,5% en abril. La idea oficial sería replicar un cierre que involucre varios meses de manera de tener previsiones de gastos más certeras en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el Estado bonaerense.
Si bien los números finales de la propuesta no trascendieron, en principio la oferta oficial incluiría algún tipo de suba para el mes de junio, de manera que la mejora impactaría, aunque en pequeño margen, sobre el cálculo del aguinaldo.
Las conversaciones con los sindicatos, tal como viene informando este diario, arrancaron. Funcionarios del ministerio de Economía anticiparon a los dirigentes gremiales que la caída de ingresos tanto propios como en concepto de coparticipación federal generan un escenario de extraordinaria complejidad y que restringe las posibilidades de concretar una propuesta que permita satisfacer el pedido sindical de que los sueldos comiencen a ganarle a la inflación.
En ese contexto, algunos sindicatos plantearon que, ante esa situación, al menos la Provincia dispusiera aumentos a los sectores más rezagados de la administración como es el caso de los auxiliares de Educación si finalmente se opta por “saltar” junio y aplicar la primera suba del acuerdo extendido en julio.
Pero ayer fuentes oficiales indicaron que no se seguirá por ese camino de mejoras sectorizadas. “El aumento que se defina será para todos”, dijeron.
Y graficaron: “No vamos a hacer como Scioli que anunciaba aumentos que no podía pagar ni como Vidal que subía a sectores determinados en detrimento de otros”.
De esta forma, el gobierno de Kicillof no se saldría de la lógica que viene siguiendo en las últimas negociaciones donde las ofertas fueron similares para los distintos sectores.
Tras el índice del 2,6 por ciento de abril, ahora se espera que la inflación de mayo se ubique en algún escalón más bajo, entre el 2 y el 2,2 por ciento, de acuerdo a lo que estiman diversas consultoras.
Si bien el Gobierno aguarda que siga descendiendo con el correr de los meses, esa expectativa choca en principio con los aumentos de diversos servicios ya anunciados por la Casa Rosada.
Los sindicatos bonaerenses pretenden quedar por encima de esos guarismos luego de que perdieran contra la inflación en 2024 y en 2025.
Un fallo a la espera
Mientras tanto, la Provincia aguarda en breve contar con alguna buena noticia en materia de recursos. El 10 de junio está prevista una nueva audiencia en la Corte Suprema donde el gobierno nacional deberá presentar un plan de pagos respecto de la deuda que reclama el Estado bonaerense porque el Anses dejó de transferir fondos al Instituto de Previsión Social (IPS) producto de un viejo acuerdo de asistencia a las provincias que no transfirieron sus cajas y que son deficitarias.
El gobierno de Kicillof reclama 2,3 billones de pesos. Si bien se espera que la Nación presente un programa para ir cancelando esa obligación a partir de la intimación de la Corte, en la administración bonaerense se respira una cuidadosa cautela respecto de que vayan a aparecer desembolsos inmediatos.
“Este gobierno ha incumplido un montón de fallos de la Corte”, recuerdan en el gabinete provincial.
La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema por distintas deudas que totalizan más de $15 billones.
Además de la vinculada a la Anses hay otras siete demandas por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.
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