El reinicio del ciclo lectivo luego del receso invernal estuvo marcado este lunes por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una medida que tuvo un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, donde numerosos establecimientos registraron una alta adhesión docente y el dictado de clases se vio afectado.
Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el acatamiento fue dispar y muchas escuelas lograron funcionar con normalidad o de manera parcial, en el conurbano bonaerense la medida de fuerza se sintió con mayor intensidad, tal como habían anticipado los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
En distintos distritos de la provincia hubo escuelas con escasa actividad e incluso establecimientos donde la adhesión fue total. En Villa Martelli, por ejemplo, la Escuela Secundaria N° 2 "Patricias Argentinas" registró una asistencia mínima, mientras que la Escuela Primaria N° 7 "Dr. Nicolás Avellaneda" permaneció sin clases debido al acatamiento total del personal docente.
La protesta coincidió con el primer día de clases tras las vacaciones de invierno y fue convocada por CTERA para reclamar la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial frente a la inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024. Además, el gremio expresó su rechazo a una eventual reforma previsional y reclamó una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Desde la organización sindical sostienen que el salario mínimo docente permanece en torno a los 500.000 pesos y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo del sector, por lo que impulsan un plan de lucha bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación".
Cruce entre Nación y Provincia
La jornada también estuvo atravesada por un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Antes del inicio del paro, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y establece la prestación mínima del servicio durante las medidas de fuerza.
Sin embargo, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires envió una circular a inspectores y directivos indicando que no brindaran información a funcionarios nacionales. En el documento sostuvo que las inspecciones impulsadas por Nación carecen de sustento constitucional al tratarse de una competencia reservada a las provincias.
El Gobierno bonaerense ratificó además que no colaborará con los controles impulsados por la administración nacional, profundizando así el conflicto institucional en torno a la medida de fuerza.
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