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Petróleo en Malvinas: Reino Unido extendió por 5 años las licencias offshore

La administración colonial del archipiélago, con la ratificación explícita del Reino Unido, oficializó la prórroga de los permisos de producción y exploración de hidrocarburos en las aguas del Atlántico Sur. La determinación británica se produce como respuesta directa a la batería de sanciones administrativas, penalizaciones y acciones judiciales desplegadas por la gestión del presidente Javier Milei

Por Redacción

Se suma otro capítulo por la soberanía de las Islas Malvinas que reclama Argentina a Inglaterra. En una medida respaldada de forma institucional por el Foreign Office de Gran Bretaña, las autoridades que operan en Puerto Argentino renovaron por un período de cinco años la totalidad de los permisos vigentes para la exploración y explotación hidrocarburífera en alta mar. La resolución contempla una cláusula adicional que autoriza a extender la vigencia por otros dos años si las compañías cumplen con las metas de trabajo fijadas, lo que otorga hasta siete años de estabilidad a la actividad privada.

El anuncio británico ocurre inmediatamente después de que el Poder Ejecutivo argentino elevara al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, norma concebida para penalizar con severidad a las empresas petroleras que operen en la plataforma continental sin la venia de Buenos Aires. Paralelamente a la iniciativa legislativa y a los decretos punitivos dictados por la Casa Rosada, Londres emitió una guía comercial para alentar la inversión en las islas y tildó de "inaceptables" las acciones legales emprendidas contra los grupos energéticos, invocando la posición de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran. 

Por su parte, la Cancillería argentina reafirmó que las licencias concedidas unilateralmente vulneran la legislación nacional —en particular la Ley 26.659— y contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual prohíbe introducir modificaciones unilaterales en la zona mientras permanezca el litigio de soberanía.

Medida cautelar en Tierra del Fuego y la envergadura del proyecto Sea Lion

La extensión de los permisos se formalizó pocos días después de que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictara una medida cautelar dictaminando que las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration deben abstenerse de iniciar o continuar cualquier labor tendiente a poner en marcha el yacimiento Sea Lion. El pronunciamiento judicial, originado por una demanda de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, otorgó diez días a los consorcios para explicitar el estado de sus operaciones, emplazamiento ante el cual las firmas aún no han respondido.

A pesar de las resoluciones de la justicia argentina, el plan comercial en Sea Lion —ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas— continúa su curso. La firma israelí Navitas Petroleum detenta el 65% de la participación operativa, mientras que la británica Rockhopper posee el 35% restante. Habiendo ratificado la decisión final de inversión a fines de 2025, el consorcio mantiene el objetivo de comenzar con la extracción de crudo en marzo de 2028. Se estima que las fases iniciales del yacimiento podrían inyectar unos 10.942 millones de dólares al producto bruto local durante su ciclo útil y aportar cerca de 4.869 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos a las arcas isleñas.

Adicionalmente, el gobierno británico dio el visto bueno para que Navitas Atlantic adquiera el 65% del bloque contiguo PL001 —tras pactar con la canadiense JHI Associates—, transacción orientada a acelerar la prospección técnica de esa área hidrocarburífera.

Certidumbre para las petroleras y financiamiento en los mercados

La integrante de la Asamblea Legislativa isleña a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, defendió públicamente la convalidación de las licencias manifestando que la prórroga otorga seguridad jurídica a los inversores para desarrollar áreas que consideran recursos propios bajo parámetros internacionales de seguridad. Además de Navitas y Rockhopper, el entramado de concesiones exploratorias involucra a las firmas británicas Borders & Southern, Desire Petroleum y Falkland Oil & Gas. 

En el plano financiero, Rockhopper anunció que se encuentra en la búsqueda de captar 200 millones de dólares mediante la emisión de capital entre sus accionistas con la finalidad de acelerar los trabajos previos a la extracción, de los cuales ya logró asegurar una partida inicial de 20 millones.

Regalías, infraestructura insular y despliegue geopolítico en la región

El impulso a la actividad energética proyecta una profunda transformación en la infraestructura del archipiélago, donde residen 3.700 habitantes estables y se desempeñan unos 260 trabajadores ligados a la industria del petróleo. De acuerdo con estimaciones locales, la recaudación anual por regalías y permisos oscilaría entre las 80.000 y 90.000 libras esterlinas por residente, junto a una partida de 350 millones de euros presupuestada para la modernización del puerto de Puerto Argentino, la renovación de la usina eléctrica y el despliegue de redes de datos móviles de tecnología 4G.

La controversia económica también resuena en Gran Bretaña. Propuestas difundidas en la prensa londinense, como la formulada por el analista Matthew Lynn en The Daily Telegraph, sugieren que el fisco británico debería quedarse con la mitad de las regalías petroleras generadas en el archipiélago a cambio de financiar el gasto militar permanente en el Atlántico Sur. En la actualidad, sostener el dispositivo de defensa que incluye la base aérea de Mount Pleasant y el complejo naval de Mare Harbour le cuesta a Londres unos 75 millones de libras esterlinas al año.

Como parte de esta estrategia de afianzamiento, una comitiva de unos 40 empresarios británicos e isleños representantes de sectores como la construcción, la energía y el turismo coordinó un viaje a la ciudad chilena de Punta Arenas para consolidar un corredor comercial transfronterizo, iniciativa respaldada por el alcalde local Claudio Radonich en franca oposición a las objeciones diplomáticas presentadas por la Argentina.

"Nada de guerra", dijo Milei

En ese marco, el presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que su Gobierno busca recuperar las islas Malvinas por la vía diplomática y descartó de manera terminante una salida bélica para resolver la disputa de soberanía. “Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática”, expresó Milei durante una entrevista con el periodista Darius Rochebin, de LCI.

El mandatario sostuvo que “las Malvinas son argentinas” y fundamentó el reclamo en razones “históricas, técnicas y geográficas”. En ese sentido, consideró que el Reino Unido, ante los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa, “debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino”.

Milei explicó que el Gobierno trabaja en “una política de Estado sobre las Malvinas” y aseguró que ya reunió apoyos para avanzar con el reclamo diplomático. Además, vinculó esa estrategia con el posicionamiento internacional de la Argentina y con la alianza estratégica que su administración mantiene con Estados Unidos e Israel.

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