La brecha entre los ingresos de la dirigencia política y la realidad económica del país sumó un nuevo capítulo de tensión. A partir del próximo mes de agosto, los integrantes de la Cámara alta percibirán un sueldo bruto cercano a los 12 millones de pesos mensuales, una cifra que vuelve a poner al Poder Legislativo en el ojo de la tormenta pública.
El millonario incremento llega de manera indirecta, como un efecto dominó provocado por el último acuerdo paritario acordado para los empleados legislativos.
Al estar las dietas de los senadores históricamente “enganchadas” a los aumentos salariales del personal del Congreso, el impacto en sus bolsillos fue automático, consolidando una suba que —según estimaciones sectoriales— superaría con creces la inflación acumulada en lo que va del año.
Mientras el malestar social crece y los cuestionamientos apuntan a la falta de empatía de los legisladores, las miradas se posaron de inmediato sobre la presidencia del cuerpo.
La Vice se volvió a desligar
Sin embargo, desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encargaron de marcar una distancia tajante, argumentando que la titular del Senado “no se hace cargo” de la medida debido a que el mecanismo de actualización responde a normativas y resoluciones previas que escapan a una decisión discrecional de su parte.
Para el oficialismo, la pelota está en el terreno de los propios bloques parlamentarios, quienes tienen la potestad de votar una modificación del sistema si realmente quisieran frenar el impacto de las paritarias en sus propias dietas.
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