El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el centro de una nueva serie de medidas judiciales destinadas a esclarecer el origen y la evolución de su patrimonio. El juez federal Ariel Lijo ordenó investigar transferencias internacionales, movimientos bancarios, gastos con tarjetas corporativas y operaciones financieras vinculadas con el dirigente, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución, firmada este viernes a partir de un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, incluye pedidos de información a la FIFA, la AFA, el Sindicato de Choferes de Camiones, entidades bancarias y organismos de control. También alcanza a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.
El objetivo de las medidas, según explicó el magistrado, es conocer de manera más completa la composición del patrimonio del titular de la AFA y determinar las circunstancias de su incremento, actualmente bajo investigación.
Casi 190 mil dólares de la FIFA bajo investigación
Uno de los puntos centrales de la resolución es el pedido de cooperación internacional dirigido a Suiza, donde tiene su sede la FIFA. Lijo pretende que el organismo rector del fútbol mundial explique el origen y la justificación de tres transferencias realizadas a favor de Tapia entre 2018 y 2020.
Los movimientos identificados corresponden a 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020, por un total aproximado de 189.577 dólares.
Las primeras dos operaciones fueron acreditadas en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop, mientras que la tercera se convirtió a pesos y se depositó en otra cuenta de la misma entidad.
Además, el juez solicitó que la FIFA detalle todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos abonados al dirigente desde 2016, junto con los cargos o funciones que justificaron esas remuneraciones y las cuentas bancarias utilizadas.
La investigación también apunta a los recursos económicos que Tapia recibió de la propia AFA.
En ese sentido, Lijo reclamó documentación sobre la autorización y utilización de tarjetas de crédito Visa, Cabal y American Express Corporate emitidas a nombre del dirigente, pero vinculadas con cuentas de la entidad futbolística.
El magistrado solicitó conocer los límites de consumo, las normas internas que habilitaron su utilización y las rendiciones de gastos respaldadas por comprobantes.
También busca establecer si esos consumos fueron registrados contablemente como remuneraciones, beneficios en especie o anticipos a cargo de Tapia.
Otro de los puntos que deberá aclarar la AFA es el origen de cinco transferencias realizadas a cuentas del Banco Credicoop entre 2020 y 2023. La mayor de ellas fue de 1.251.000 pesos, en abril de 2023.
A su vez, la entidad tendrá que explicar cómo se liquidaron los 30 millones de pesos en viáticos que su presidente declaró haber percibido.
Los depósitos del sindicato de Camioneros
El vínculo económico entre Tapia y el Sindicato de Choferes de Camiones constituye otra de las líneas de investigación.
El juez ordenó que la organización gremial informe el concepto de 37 depósitos por un total de 1.494.678 pesos, efectuados entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del dirigente en el Banco Provincia.
Para reconstruir esa relación laboral, solicitó el legajo personal, los cargos desempeñados, los recibos salariales y las fechas de ingreso y egreso del sindicato.
Según fuentes sindicales, Tapia figura con el número de afiliado 87.304 y continúa registrado a sueldo del gremio, pese a que no presta servicios allí desde hace años.
También investigan el patrimonio de Paola Moyano
Las medidas judiciales se extendieron a Paola Moyano, exesposa del presidente de la AFA e hija de Hugo Moyano.
Lijo dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y el correspondiente a la información de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el propósito de reconstruir su situación económica y patrimonial.
A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le solicitó declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, registros de propiedades, participaciones societarias, deudas, préstamos, operaciones comerciales y movimientos en billeteras virtuales o criptoactivos.
También pidió verificar la existencia de cuentas en el exterior y eventuales vínculos comerciales con contribuyentes incluidos en registros de facturación apócrifa.
En paralelo, el Banco Central deberá requerir información a las entidades financieras sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias internacionales vinculadas con Moyano.
La Justicia también busca determinar si Tapia y su exesposa participaron del régimen de regularización de activos aprobado en 2024 y, en caso afirmativo, qué bienes o fondos declararon.
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