El Gobierno aplicará hoy parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles, que se traslada directo a los precios finales en el surtidor en todo el país. El incremento será del 0,5% para la nafta y del 0,75% para el gasoil.
Lo hizo mediante el decreto 693, publicado ayer en el Boletín Oficial. La norma posterga, además, el grueso del incremento de los gravámenes sobre los combustibles que se comercializan en el país hasta el 1° de septiembre.
La decisión se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. En julio, el Ejecutivo había decidido aplazar la actualización de ese tributo.
Con el decreto publicado, el Gobierno dejó para el mes próximo el aumento total del remanente pendiente de 2024 y los primeros tres trimestres de 2025, que el Ejecutivo ya viene dilatando hace meses.
Así, a partir de hoy, los combustibles subirán por impuestos unos $11 el litro para el caso de las naftas y $14 para el litro del gasoil.
LA ESTRATEGIA DE LAS PETROLERAS
La petrolera YPF dejó de informar hace un año los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.
Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta se incrementará 0,5% promedio.
El litro de nafta subirá, según la zona, $10,572 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $0,648 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que hoy cuesta $2.047, según el relevamiento del sitio especializado Surtidores, pasará a $2.058.
Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $9,511 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $1,084 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $5,150 correspondiente al tributo ambiental. El precio por litro pasará de $2.106 a $2.120.
La suma extra del Impuesto a los combustibles líquidos (ICL) sobre el gasoil se aplica en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe, Mendoza.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una definición que también había utilizado en las prórrogas anteriores para justificar la administración gradual de estos gravámenes.
La Ley 23.966 establece que tanto el ICL como el Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse trimestralmente según la inflación.
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