Un grupo de legisladores bonaerenses presentó una propuesta para poner un tope a la adquisición de territorios provinciales por parte de capitales foráneos. La medida establece un máximo del 15% para la propiedad extranjera en la totalidad de los municipios del distrito, en claro contraste con las políticas de desregulación impulsadas por la administración nacional encabezada por Javier Milei.
Los diputados Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero introdujeron este documento en la Legislatura bonaerense como respuesta directa a la derogación de la ley nacional sobre esta materia.
La estrategia legislativa contempla la conformación de un Registro Provincial de Tierras Rurales para asegurar la transparencia absoluta en las operaciones inmobiliarias o societarias e identificar con precisión a los beneficiarios finales. A su ve, también tendrá que expedir los documentos de habilitación de todo hecho por el que se transfieran derechos de propiedad.
Asimismo, el expediente dispone salvaguardas rigurosas para resguardar sectores específicos catalogados como "zonas de protección territorial estratégica". Estas áreas sensibles abarcan cuencas hídricas, humedales, reservas naturales, cinturones hortícolas y espacios de agricultura familiar.
Para avanzar con cualquier transacción en estas zonas, la regulación demanda una autorización previa y prohíbe de forma tajante aquellas ventas que pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales.
La iniciativa promueve que un mismo titular extranjero no podrá contar con más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la Provincia. En dicha área se ven incluidos los municipios de Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento. San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.
En la Provincia, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, hay un total de 834.421 hectáreas extranjerizadas, es decir, un 2,89 por ciento. Sin embargo, en base a las declaraciones de la legisladora Saavedra, en territorios lindantes al Río Parana, cómo Zárate y Campana, se ve superado el 15% de extranjerización.
Ley de Tierras, el proyecto encabezado por el gobierno Nacional
Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
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