El canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el Gobierno nacional informó a 180 empresas que tienen vínculos con actividades hidrocarburíferas en el territorio de las Islas Malvinas sobre la necesidad de elegir entre avanzar con sus tareas o ser sancionadas por Argentina.
En Puerto Iguazú, Misiones, y ante empresarios, durante su exposición en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Relaciones Exteriores argumentó que la disposición es parte de la estrategia que pretende sancionar a firmas que desempeñan operaciones en las islas, así como también a sus proveedores.
“La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operan en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, afirmó el canciller, enmarcando su declaración en el discurso del presidente Javier Milei del jueves por la noche.
Además, el ministro sumó que los cambios se dieron ya que «cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir».
En consecuencia, Quirno explicó que “hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios», por lo que fue tajante al reafirmar que: «Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.
También, el funcionario explicó que con el decreto reglamentario se busca no solamente ampliar el alcance de las empresas relacionadas con la actividad petrolera, sino también acelerar el proceso de sanciones.
FONDOS PARA LA BASE
Horas después de que el presidente Javier Milei anunciara una ampliación de recursos para las Fuerzas Armadas en el marco de los anuncios por las islas Malvinas, el Gobierno oficializó este viernes un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, de los cuales más de $200.000 millones serán utilizados para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y terminar la Base Petrel, en la Antártida.
En una decisión polémica, también otorgó $30.519 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa un incremento del 20,85% sobre los recursos que tenía disponibles hasta ahora.
La información surge de las modificaciones presupuestarias publicadas ayer en el Boletín Oficial (DNU 867/2026), analizadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y confirmadas por fuentes oficiales del Ministerio de Defensa y la Cancillería a La Nación.
Según el relevamiento de ACIJ, Defensa tenía un crédito vigente de $5,65 billones.
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