El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva. La resolución incluyó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes y otro por idéntico monto contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
El fallo, dictado por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, atribuyó al financista el papel de jefe u organizador de una presunta asociación ilícita. A su madre le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
Según la investigación, la organización habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 para poner en circulación fondos provenientes de delitos, darles apariencia lícita, evadir impuestos y ocultar rastros frente a los organismos de control y la Justicia.
Sur Finanzas había extendido su presencia en el fútbol mediante créditos a distintos clubes que, de acuerdo con la acusación, tenían condiciones usurarias.
LA RUTA DEL DINERO BAJO SOSPECHA
Uno de los ejes del expediente es la acusación de la fiscal Cecilia Incardona sobre el supuesto lavado de fondos provenientes de una plataforma clandestina de apuestas en línea, cuyos responsables están detenidos.
La maniobra investigada habría utilizado cuentas de personas indigentes para recibir dinero. Desde allí, los fondos se distribuían entre cuatro integrantes de la organización y luego volvían al circuito formal a través de Sur Finanzas.
Para fundamentar el monto de los embargos, el tribunal señaló que, sólo en el tramo correspondiente a la billetera virtual, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025.
Según la resolución, el mínimo de la multa prevista para esa operación ascendería a $39.876.109.600. Por ese motivo, consideró que el embargo de $40.000 millones “no resulta desproporcionado” frente a la eventual responsabilidad pecuniaria.
MEDIDAS SOBRE SOCIEDADES Y PROPIEDADES
La decisión también alcanzó a otras personas investigadas. El juzgado fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis; de $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza; y de $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, en cada caso. Para Sergio Gabriel Da Silveira, estableció un embargo de $4.000 millones.
Entre las sociedades, dispuso medidas por $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A., respectivamente, y por $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L. También quedaron alcanzadas otras firmas relacionadas con la estructura investigada.
El fallo ordenó, además, medidas sobre vehículos e inmuebles con fines de decomiso. Entre las propiedades figuran una vivienda en Saint Thomas Este Country Club, de Canning; unidades atribuidas a Graciela Vallejo; la casa central de Sur Finanzas, ubicada en Seguí 764/768/780, en Adrogué; otro inmueble de la misma calle, al 745; y un lote en Fincas de San Vicente.
Las medidas patrimoniales buscan asegurar los bienes frente a las consecuencias económicas que podría tener la causa. El procesamiento constituye un avance de la investigación sobre la presunta estructura financiera, aunque no equivale a una condena.
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