Un proyecto de ley propone establecer un marco regulatorio específico para el crédito ofrecido a través de billeteras virtuales y otras empresas Fintech, frente al incremento de la morosidad y el sobreendeudamiento de los hogares. La iniciativa fija estándares de transparencia y responsabilidad para el otorgamiento de financiamiento y plantea mecanismos de protección para los consumidores que atraviesan situaciones de endeudamiento crítico.
La propuesta apunta especialmente a las prácticas que pueden acelerar la toma impulsiva de créditos mediante aplicaciones móviles. Entre otras medidas, plantea regular los denominados dark patterns y mecanismos de gamificación, exige que las entidades evalúen la situación económica integral de los usuarios antes de otorgar nuevo financiamiento y establece pautas para evitar cobranzas abusivas.
El proyecto fue presentado por el diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires), quien sostuvo que el objetivo es compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones con la posibilidad de que los deudores puedan recuperar su situación económica. “Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la regulación de las interfaces digitales utilizadas para ofrecer financiamiento. El proyecto propone prohibir aquellas diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito, incentivar un endeudamiento acelerado o presionar a los usuarios mediante notificaciones permanentes sobre créditos preaprobados.
También establece requisitos para los sistemas automatizados de evaluación crediticia. Los algoritmos y mecanismos de scoring deberán ser transparentes y auditables y contar con mecanismos de revisión humana, con el objetivo de evitar decisiones opacas o sesgos discriminatorios.
El proyecto incorpora además disposiciones sobre las prácticas de cobranza. En ese sentido, prohíbe modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de las deudas.
Otro de los ejes de la propuesta es la obligación de realizar una evaluación integral de la situación económica del usuario antes de concederle nuevo financiamiento. El objetivo es evitar que una persona acumule compromisos en distintas plataformas sin que las entidades tengan en cuenta su nivel de endeudamiento previo.
Para los casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural, la iniciativa crea un procedimiento judicial de rehabilitación financiera. El mecanismo contempla la posibilidad de establecer planes de pago adecuados a los ingresos reales del deudor, modificar intereses, cargos y penalidades y suspender temporalmente ejecuciones que puedan poner en riesgo su subsistencia o afectar bienes esenciales.
Además, se establece un mecanismo de “segunda oportunidad”. Si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas que permanezcan pendientes.
Juliano planteó que el crecimiento del endeudamiento mediante billeteras virtuales debe ser considerado un problema que trasciende la relación entre particulares. “Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico”, afirmó.
Como fundamento de la iniciativa, la gacetilla cita datos del Banco Central correspondientes a mayo de 2026, según los cuales la mora de las familias alcanzó el 12,8% en el sistema bancario. También señala, a partir de datos atribuidos a EcoGo, que la irregularidad en los proveedores no financieros llegó al 28,7%, con niveles de mora del 34,1% en préstamos personales y del 19,4% en tarjetas de crédito.
El proyecto busca así establecer reglas específicas para el crédito digital, con mayores exigencias para las empresas que lo ofrecen y herramientas destinadas a evitar que el endeudamiento derive en situaciones de exclusión financiera permanente.
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