El diputado bonaerense Valentín Miranda presentó un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Fortalecimiento del Sistema Energético para incorporar generación renovable y sistemas de almacenamiento en zonas con dificultades de abastecimiento eléctrico.
La iniciativa, acompañada por las diputadas Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, apunta especialmente a localidades pequeñas y comunidades rurales que presentan restricciones de capacidad, dificultades de conexión o interrupciones frecuentes del suministro.
El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar parques solares fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento y obras complementarias, mediante inversiones públicas, privadas o esquemas mixtos. En los casos en que resulte técnicamente viable, se priorizaría la participación de capitales privados.
Un mapa para determinar las zonas prioritarias
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético, que deberá identificar las localidades y áreas donde se registren mayores dificultades de abastecimiento.
Para determinar las zonas se tomarían en cuenta factores como la frecuencia y duración de las interrupciones, la calidad y confiabilidad del servicio, la capacidad de las redes, la cantidad de usuarios afectados y la demanda actual y proyectada. También se analizarían las características rurales de cada área, el estado de las instalaciones y la factibilidad de incorporar generación renovable y almacenamiento.
Una vez identificada una zona prioritaria, el proyecto prevé la elaboración de un plan específico que determine la necesidad energética, la solución técnica, la potencia de generación, la capacidad de almacenamiento y las obras complementarias necesarias.
Qué pasaría con las obligaciones de las distribuidoras
La iniciativa establece que la incorporación de generación solar o almacenamiento no reemplazaría las obligaciones de las empresas distribuidoras.
Si los estudios determinaran que los problemas de abastecimiento están vinculados con la capacidad o el estado de la red de distribución, la situación debería ser comunicada al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al prestador correspondiente.
Los proyectos de generación también podrían contemplar el almacenamiento de los excedentes, su eventual inyección a la red o su comercialización, de acuerdo con la capacidad técnica y el régimen eléctrico vigente.
Beneficios para las inversiones
El proyecto incorpora además un régimen de incentivos para las empresas que participen en la construcción, operación, mantenimiento y explotación de instalaciones de generación fotovoltaica y almacenamiento.
Entre las herramientas previstas figura la posibilidad de otorgar una concesión especial de uso y explotación por 20 años, sin canon, sobre determinados inmuebles del dominio privado provincial destinados a estos proyectos.
También se contemplan exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario, junto con un régimen de estabilidad fiscal durante 15 años desde el inicio de la operación comercial.
La propuesta incluye además la creación de un Banco Provincial de Tierras Energéticas, destinado a identificar inmuebles fiscales que puedan ser utilizados para este tipo de infraestructura.
Requisitos de empleo y proveedores bonaerenses
Para los proyectos privados, la iniciativa establece condiciones vinculadas con el empleo y las contrataciones.
Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, al menos el 70% de los trabajadores afectados a esas tareas deberían tener domicilio real en la provincia de Buenos Aires.
A su vez, los titulares de los proyectos deberían destinar como mínimo el 50% de las contrataciones de bienes, obras y servicios vinculadas con las inversiones a proveedores radicados en territorio bonaerense, siempre que exista oferta regional que reúna las condiciones técnicas y económicas requeridas.
El proyecto también contempla mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos, además de un Registro Público de Proyectos de Fortalecimiento Energético.
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