Los puertos del país -entre ellos el de La Plata- continuaban paralizados ayer por una medida de fuerza que arrancó el sábado, tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 promovido por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje, como se conoce a la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa.
La protesta, llevada a cabo por prácticos, pilotos y baqueanos, es en respuesta a la medida que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien a través de la red social X defendió la iniciativa con un fuerte anuncio: “Desarmamos kioscos en el practicaje”, advirtió. Agregó que lo que se busca es bajar el denomindo “costo argentino” y que el decreto en cuestión “extiende la exención a los capitanes extranjeros y elimina barreras que reducían la competencia y escalaban los precios”. Concluyó la extensa publicación asegurando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.
El anuncio generó malestar en el sector y derivó en la paralización total del comercio exterior, desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, impactando con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Incluso, se veía afectado un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que quedó detenido fuera del muelle sin poder ingresar.
“Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron en el sector.
Parálisis y críticas
Desde el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, contabilizaban ayer al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que podría crecer con el correr de las horas.
En este contexto, el CNAV alertó que varias operaciones ya programadas en puertos argentinos fueron redireccionadas a Montevideo y a Brasil. Los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca figuraban entre los afectados.
La medida complicaba también las maniobras en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, a través de los cuales opera la distribución de nafta, gasoil y fuel oil a todo el país, y se extendía a Caleta Córdova, en Chubut, terminal desde la cual se traslada crudo hacia las distintas refinerías.
“El Decreto 690/2026 no es modernización, es un nuevo ajuste contra el pueblo”, lo cual implica “más desigualdad, menos derechos, un Estado que se retira”, advirtió al respecto la diputada provincial del Frente Grande, Silvina Nardini, y alertó que “bajo el argumento de la ‘desregulación’, se modifica el régimen de practicaje y pilotaje” en el Río Paraná, Río de la Plata y la Vía Navegable Troncal. Algo que, consideró, “flexibiliza requisitos”, “limita la intervención del Estado” y afecta “la seguridad de la navegación, el trabajo altamente calificado de profesionales argentinos y la capacidad soberana de controlar una de las principales vías por donde sale la producción nacional”.
Para la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, la reforma es “abusiva e inconstitucional” y adelantaron que recurrirán a la Justicia Federal mediante una acción de amparo. También amenazaron con denunciar penalmente a los funcionarios firmantes, al señalar que la medida pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Desde la Prefectura Naval Argentina, en tanto, enviaron cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que reanuden la actividad bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
Los trabajadores, que prestarían servicios básicos a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno, dicen que no levantarán la protesta ni negociarán con el Gobierno hasta tanto no suspenda o derogue el decreto de la polémica.
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