Vecinos de Punta Indio, en conjunto con gremios y entidades sociales, marcharon hacia la sede del Ministerio de Defensa de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de la protesta consistió en rechazar la reorganización de la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) y el consecuente envío de sus áreas operativas a la ciudad de Bahía Blanca.
Las autoridades de la Armada resolvieron mudar a territorio bahiense tanto la Escuela de Aviación Naval como la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, junto con otras modificaciones estructurales. Frente a esto, los pobladores locales advierten que dicha medida genera una merma drástica en las funciones del predio militar, un espacio con un arraigo histórico y fundamental para el desarrollo de la región.
El jefe comunal David Angueira lideró la columna de manifestantes, acompañado por comerciantes, dirigentes políticos y pobladores. Durante la jornada en las oficinas gubernamentales, los presentes exigieron explicaciones directas al ministro Carlos Presti. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumó al reclamo a través de un paro del personal civil de las Fuerzas Armadas y caminó hacia el edificio ministerial. Asimismo, la CTA Autónoma bonaerense, la Mesa de Defensa de la Base y distintos representantes del municipio apoyaron la iniciativa en las calles porteñas.
Las acciones de visibilización comenzaron el último domingo con una movilización por las calles de la localidad de Verónica hasta culminar en la Plaza San Martín. Previo a esa convocatoria, alrededor de quinientos residentes y miembros de diversas instituciones formaron parte de una asamblea para diagramar este plan de lucha.
El respaldo del gobierno bonaerense
Ante el escenario de incertidumbre por el plan de la Armada Argentina, la administración de la provincia de Buenos Aires rechazó la medida y solicitó su revisión inmediata. A través de canales oficiales, el Poder Ejecutivo provincial ratificó su apoyo al intendente David Angueira y a toda la población en su demanda ante las esferas nacionales.
El mandatario municipal subrayó que la determinación estatal representa un impacto económico y social devastador para la zona. Angueira detalló que el Estado trasladará a una gran porción de los uniformados, mientras que los empleados civiles tendrán la opción de pedir su reubicación a otro destino. En números concretos, este recorte de funciones afecta a 300 militares y 185 operarios civiles. Esta migración masiva supone un perjuicio inmenso para el circuito productivo local y para la identidad histórica del distrito, el cual perdería una de sus instituciones más emblemáticas.
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