Representantes de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de General Pueyrredon participaron este martes en una nueva audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Simón Isacch, para avanzar en las negociaciones por el traspaso de Punta Mogotes. Aunque ambas partes reconocieron avances en las conversaciones, no lograron alcanzar un acuerdo y resolvieron continuar con las tratativas.
La audiencia se realizó al mediodía y contó con la presencia del secretario de Legal, Técnica y de Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli, y de la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez. También participaron el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, y de manera virtual los fiscales de Estado adjuntos Guillermo Spacapan y Nicolás Diana.
Tras el encuentro anterior, realizado el 4 de agosto, las partes coincidieron en que han “avanzado en la negociación”, aunque aún no pudieron cerrar un entendimiento definitivo. En ese marco, solicitaron continuar con las conversaciones para intentar acercar posiciones.
Ante esta situación, el juez Isacch fijó una nueva audiencia para el próximo 31 de agosto a las 12 y prorrogó la suspensión de todos los plazos procesales vinculados al caso, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las instancias de diálogo político y técnico.
La convocatoria judicial se originó por la medida cautelar presentada por el Municipio para frenar el proceso de licitación de los balnearios de Punta Mogotes y por la demanda principal mediante la cual busca cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) para concretar el traspaso del complejo turístico a la órbita local.
Actualmente, Punta Mogotes es administrado por la APM, organismo integrado en un 70% por la Provincia de Buenos Aires y en un 30% por el Municipio de General Pueyrredon. El reclamo comunal para recuperar el control de los balnearios comenzó en agosto de 2024, fue rechazado por la Provincia y derivó en una disputa judicial.
En mayo de este año, el gobierno bonaerense anunció el inicio de un proceso destinado a transferir el complejo a General Pueyrredon. Además, confirmó el llamado a una licitación pública para realizar “obras de modernización integral” y estableció que el Municipio recibiría la administración una vez finalizadas las intervenciones previstas.
Sin embargo, la gestión local rechazó esa propuesta y presentó un recurso de amparo para suspender la licitación hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
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