DE LA ARGENTINA A LA ONU
Cristina Kirchner decidió llevar el caso Vialidad al orden internacional luego de que la Corte rechazara la última queja de la defensa y dejara firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
TRES CAUTELARES
La defensa anunció que planteará ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU tres medidas cautelares y una presentación de fondo. De esta manera, pretende revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cambiar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte.
REVISIÓN DE LA SENTENCIA
El abogado Carlos Beraldi aseguró que el agotamiento de las instancias nacionales “permite ahora que la condena sea discutida en el orden internacional”. Y citó el artículo 366 inc. F del nuevo Código Procesal Penal, que dice que “la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado, por los motivos siguientes: (...) Se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”. Un pronunciamiento de la ONU encuadraría en ese último supuesto.
DUDAS SOBRE EL ALCANCE
Según los defensores de Cristina Kirchner, las decisiones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes, pero el máximo tribunal nunca declaró tal cosa y no está claro que un eventual dictamen a favor de la expresidenta obligue a revisar la condena. En cambio, la Corte sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los plazos para una presentación por esta vía ya estarían vencidos.
EL ANTECEDENTE DE LULA
Los abogados de la exmandataria asimilaron su situación con la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que también se presentó ante el Comité de la ONU y logró una decisión favorable, pero cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.
EL CAMINO DEL INDULTO
Fuera de la estrategia judicial, a Cristina le quedaría la vía constitucional del indulto presidencial, con el costo político que implicaría la decisión de dejar sin efecto su condena.
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