El Gobierno nacional comenzó a delinear la agenda legislativa de la segunda mitad del año con una prioridad clara: construir un escenario de estabilidad económica y política que le permita afrontar las elecciones presidenciales de 2027 en condiciones favorables.
La estrategia empezó a tomar forma durante la última reunión de la mesa política de la Casa Rosada, que, según trascendió, pasará a reunirse semanalmente para monitorear el avance de las principales iniciativas y coordinar el trabajo parlamentario.
Detrás de ese esquema conviven dos objetivos centrales: consolidar el programa económico y modificar algunas reglas del sistema político que el oficialismo considera determinantes para la próxima disputa electoral.
El blindaje económico
En el frente económico, el Gobierno prepara el envío al Congreso de una serie de proyectos orientados a reforzar la estabilidad financiera y limitar eventuales desequilibrios futuros.
Entre las iniciativas figura una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, que buscará ampliar el ingreso de dólares al circuito formal y facilitar la regularización de ahorros no declarados. La principal novedad sería la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio previstos originalmente, ampliando así el universo de contribuyentes que podrán adherirse al régimen.
Otro de los proyectos será la denominada ley de “shutdown”, destinada a restringir la ejecución del gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias. Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a establecer mayores límites al gasto estatal y evitar desvíos fiscales.
El tercer eje será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta buscará reforzar la independencia de la autoridad monetaria, restablecer la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario y prohibir de manera explícita el financiamiento monetario del Tesoro.
A este paquete podrían sumarse además modificaciones al mercado de capitales, al régimen de seguros y a las reglas fiscales, en un esquema que el propio presidente Javier Milei definió como un conjunto de reformas “interrelacionadas”.
Cambios políticos y electorales
La otra gran apuesta del oficialismo pasa por el terreno político. En la Casa Rosada consideran que las reglas electorales también pueden incidir sobre la estabilidad económica y, por eso, impulsarán cambios de cara al próximo turno presidencial.
Entre las alternativas que analiza el Gobierno figura la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o, al menos, una nueva suspensión del mecanismo.
Además, se estudia avanzar en un sistema de colectoras que permita que distintas listas provinciales o municipales adhieran a una misma candidatura presidencial sin necesidad de conformar una alianza formal.
La intención sería ampliar la base de sustentación electoral de Milei mediante acuerdos con gobernadores y dirigentes aliados, al tiempo que se reduce la competencia en determinados distritos.
Evitar la volatilidad electoral
En el oficialismo entienden que los procesos electorales pueden transformarse en factores de incertidumbre para los mercados y afectar las expectativas económicas.
El antecedente que aparece de manera recurrente es el de las PASO de agosto de 2019, cuando la derrota del entonces presidente Mauricio Macri provocó una fuerte reacción financiera, con una abrupta devaluación del peso y una caída de los activos argentinos.
También persiste la preocupación por los efectos que pueden generar los desdoblamientos provinciales. En la Casa Rosada consideran que una instancia electoral previa a la elección nacional podría convertirse nuevamente en un disparador de tensiones cambiarias o dudas sobre el rumbo económico.
La estabilidad como principal activo
En el Gobierno reconocen que gran parte de las posibilidades de continuidad del proyecto libertario dependerán de llegar a 2027 con una economía ordenada y sin episodios de inestabilidad.
Por eso, la agenda legislativa que se prepara para los próximos meses combina reformas económicas, institucionales y electorales bajo una misma lógica: minimizar los factores de incertidumbre y preservar el principal capital político que el oficialismo busca exhibir en la próxima campaña, la estabilidad macroeconómica.
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