La crisis que atraviesa la firma forestoindustrial Linor SRL, histórica maderera que fabricaba pallets, derivó en una drástica resolución tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Posadas, a cargo de la magistrada Adriana Beatriz Fiori. A través de una sentencia dictada el 15 de septiembre y oficializada en las últimas horas mediante su publicación en el Boletín Oficial de Misiones, el fuero comercial decretó la quiebra indirecta de la empresa como consecuencia del incumplimiento en los términos del acuerdo preventivo que regía sobre su concurso.
La medida judicial dispone un paquete de acciones de ejecución inmediata orientadas a preservar el patrimonio remanente de la firma y cuantificar las obligaciones pendientes. Entre las instrucciones principales figura el secuestro de la totalidad de las instalaciones industriales, inmuebles, vehículos, maquinarias y registros comerciales, los cuales quedarán bajo la órbita de una Sindicatura Plural integrada por el Estudio Karaben, Granada, Villalba, Cassin y Asociados. La resolución faculta a los administradores judiciales a requerir el auxilio de las fuerzas públicas, colocar fajas de clausura e impulsar allanamientos en caso de detectar resistencias. De manera paralela, la jueza determinó la inhibición general de bienes de la sociedad y dispuso el congelamiento absoluto de sus depósitos bancarios, valores financieros y correspondencia.
Sospechas de vaciamiento
Dentro del esquema de restricciones impuestas por la Justicia, el fallo dispuso la prohibición expresa de salir del territorio nacional para el socio gerente y fundador de la compañía, Juan Carlos Lorenzo. La inhabilitación migratoria se mantendrá vigente de forma estricta hasta tanto el grupo de síndicos complete la entrega del informe general de la quebrada, habiéndose notificado la medida a la Dirección Nacional de Migraciones y a las distintas fuerzas de seguridad. Asimismo, la conducción empresaria fue intimada a poner a disposición toda la documentación contable e impositiva en un plazo perentorio de 48 horas.
El desenlace formal se produce a 17 meses de un tenso episodio vivido en mayo de 2025, cuando durante una asamblea con el personal, Lorenzo pronunció una frase que quedó registrada en video: "No laburen, muchachos, cerramos esto y cobran cuando esto se remate". La declaración reflejaba el preludio del cese de operaciones que terminó consumándose en mayo de 2026 con la paralización de la planta instalada sobre la ruta provincial 1 en la localidad de Azara, cerca del límite con Corrientes.
La etapa previa al cierre estuvo marcada por el estado de alerta del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), cuyos afiliados realizaron guardias y vigilias nocturnas al detectar maniobras orientadas al retiro de rodados y equipamiento hacia la provincia vecina. Aunque en aquel momento se obtuvo una medida cautelar para resguardar los activos, los trabajadores denunciaron que en los últimos meses el predio desprovisto de custodia sufrió desmantelamientos, robos de cableados, motores e instalaciones de transformadores. Frente a este escenario, la conducción sindical confirmó el envío de una escribana pública para elaborar un inventario notarial detallado del estado del establecimiento.
"Fue mala administración, no crisis del sector"
Desde el ámbito gremial, el secretario general del SOIMP, Agustín Báez, desestimó la postura de los propietarios, quienes pretendían atribuir el colapso del aserradero únicamente al contexto de desaceleración que padece el sector forestal. El dirigente remarcó que la firma contaba con una infraestructura de gran envergadura y una sólida cartera de clientes antes de detener su producción. Con más de dos décadas de trayectoria tras su creación por parte de Lorenzo y Norberto Arhndt, Linor se posicionó como un referente en la fabricación de pallets y esquineros madereros para abastecer a firmas de consumo masivo como Arcor, Quilmes y Loma Negra, sumado a la operatoria logística de Transportes Lorenzo y envíos de exportación a Brasil.
El deterioro económico de la fábrica se agudizó fuertemente entre 2024 y 2025 hasta volverse insostenible. En la nómina de acreedores de mayor peso figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama ejecuciones fiscales por montos que superan los 500 millones de pesos, a los que se agregan compromisos impagos de aportes con la entidad sindical. Antes de la parálisis total, los operarios habían aceptado quitas salariales del 20% como un intento de preservar los puestos de trabajo, exigencia que no impidió el envío masivo de los telegramas de despido.
El drama de las 130 familias afectadas
La resolución de la jueza Fiori instruyó a la sindicatura a presentar, en un lapso de 30 días posteriores a la toma de posesión de los libros de la firma, un relevamiento laboral individualizado. El documento deberá sistematizar la antigüedad, salarios impagos y liquidaciones indemnizatorias de cada uno de los aproximadamente 130 obreros afectados. Según datos relevados por el SOIMP, la masa adeudada incluye tres quincenas completas de sueldo, vacaciones no gozadas y resarcimientos por despido que, en los legajos de mayor antigüedad, alcanzan cifras cercanas a los 15 millones de pesos por persona.
Actualmente, las familias damnificadas subsisten en condiciones de extrema vulnerabilidad económica. Sin haber percibido las indemnizaciones correspondientes, los desempleados se sostienen con los aportes del fondo de desempleo y la contención comunitaria. En Azara, los propios trabajadores estructuraron un comedor y olla popular utilizando espacio cedido por la municipalidad, donde reciben insumos alimentarios y asistencia periódica proporcionada por el gremio maderero.
El impacto social ha generado además la dispersión de la plantilla laboral: mientras parte de los operarios más jóvenes emigró hacia provincias vecinas o cruzó la frontera con Brasil en busca de changas, aquellos trabajadores que superan los 40 o 50 años enfrentan marcadas dificultades para insertarse nuevamente en el mercado formal. Tras haberse empleado temporalmente en las labores de la zafra de yerba mate, la finalización de la cosecha dejó a gran parte de ellos nuevamente sin ingresos, a la espera de que la liquidación judicial de los bienes incautados permita saldar los créditos laborales pendientes.
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