El juez federal Daniel Rafecas volvió a hacerse cargo de la investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El magistrado ya recibió el expediente digital y se espera que en los próximos días le remitan la documentación de la causa, que incluye la pesquisa sobre una quinta en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Rafecas reasumió el caso después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, el jueves, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había enviado el expediente al juzgado federal de Campana.
Ese mismo día, el pliego para su ascenso a camarista tomó estado parlamentario en el Senado. El trámite se extendería al menos hasta marzo o abril de 2027, por lo que el juez seguirá al frente de la pesquisa en el corto plazo.
El pliego, en la Comisión de Acuerdos
El presidente Javier Milei propuso a Rafecas el 3 de noviembre para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que interviene en causas de la justicia ordinaria. El juez lleva más de dos décadas en la primera instancia federal y había concursado por ese cargo.
El pliego quedó en manos de la Comisión de Acuerdos del Senado, que se reunirá la semana próxima sin la nominación de Rafecas en el temario. Para avanzar, la comisión debe convocarlo a una audiencia y emitir dictamen. Luego, el pleno de la Cámara alta deberá votar si le otorga el acuerdo.
Qué resolvió la Corte
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron la resolución que habían firmado los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Consideraron que el traslado de la causa a Campana vulneró la garantía del juez natural y que la Cámara omitió analizar los argumentos de la fiscalía a favor de que interviniera la justicia federal porteña.
Rafecas fue el primer juez que intervino en la causa y ordenó los allanamientos en la quinta de Villa Rosa. En esos procedimientos se secuestraron vehículos de alta gama y se encontraron objetos que los investigadores vinculan con Toviggino, entre ellos un bolso y una placa con su nombre y una pintura con su rostro.
La compra de la quinta y la disputa entre juzgados
El expediente se inició a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como compradores del inmueble a través de Real Central SRL. La investigación busca determinar si actuaron como testaferros, a partir de las dudas sobre su capacidad económica para afrontar la operación. Según la denuncia, Pantano era monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos, mientras que Conte era jubilada y había cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia.
Tras las primeras medidas, Rafecas se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero penal económico. La defensa reclamó después que interviniera el juzgado federal de Campana porque la propiedad está en su jurisdicción. Desde el fuero penal económico sostuvieron que el alcance de la pesquisa incluía presuntas maniobras con fondos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.
Luego de sucesivas resoluciones sobre qué tribunal debía intervenir, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a la defensa y envió la causa a Campana. El Ministerio Público Fiscal recurrió esa decisión ante la Corte Suprema, que devolvió el expediente al juzgado de Rafecas.
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