Estados Unidos solicitó poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales foros multilaterales que utilizó la Argentina para sostener y visibilizar su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La propuesta fue presentada el pasado 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General. Allí, la representación de Washington cuestionó los costos operativos del organismo y argumentó que ha perdido la razón de ser para la cual fue creado, según reportes internacionales.
La postura estadounidense quedó asentada en los registros oficiales de la ONU durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de una veintena de proyectos vinculados a la descolonización. En ese contexto, los delegados norteamericanos calificaron varias de las actividades del C-24 como un “desperdicio de recursos” y solicitaron su disolución.
La iniciativa genera una fuerte señal de alerta para la diplomacia argentina, ya que la Cuestión Malvinas es evaluada de forma sistemática cada año por este órgano. Desde 1989, el C-24 se consolidó como el escenario central dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone sus argumentos y logra resoluciones que ratifican la existencia de la disputa de soberanía, exhortando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales, que Londres no permitió llevar a la práctica.
El planteo norteamericano resulta contradictorio con gestos previos de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump había expresado su respaldo a la postura argentina sobre el archipiélago, señal que en su momento entusiasmó al Gobierno nacional para reimpulsar sus reclamos históricos en el plano internacional.
Que dice el Gobierno de Milei
Al ser consultado el vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de desconolización de la ONU indicó que “está bajo análisis” y que es un tema que “hablará el canciller”, Pablo Quirno.
Sin embargo, el vocero negó que exista una contradicción entre la estrecha alianza que mantiene la administración libertaria con los Estados Unidos y la agenda de soberanía nacional. Aseguró que las intenciones del gobierno argentino se encuentran en “sintonía” con Washington al priorizar una fuerte política de seguridad nacional, ejemplificando con la construcción de la Base Naval Integrada.
Pero si tuvo impacto en el Congreso; el planteo estadounidense de eliminar dicho comité generó repercusiones inmediatas a nivel legislativo, provocando que el oficialismo suspendiera el debate de la denominada “Ley Malvinas” en la Cámara de Diputados para reevaluar la estrategia geopolítica frente al reclamo de soberanía.
Reclamos sobre el proyecto
El foco de los reclamos no solamente alcanza al polémico artículo 111, que penaliza la “manipulación de la opinión pública” a través de “campañas de desinformación masiva”, la “alteración de procesos electorales” y la colaboración con tareas de “sabotaje” al orden público.
También comprende la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, (pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna), y hasta la difuminación de la frontera entre la Defensa y la Seguridad Interior.
En cuanto a la decisión de la administración de Donald Trump de erradicar donde Argentina, a través de distintas gestiones, ha sostenido históricamente su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas en el conflicto con la potencia invasora británica, el diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller Jorge Taiana dijo que “es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas”.
“Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina de firmeza y coherencia en el reclamo”, agregó el también exministro de Defensa.
A través de sus emisarios en el país, el trumpismo habría hecho saber sus dudas sobre el avance del proyecto de Malvinas en el Congreso. En este marco, y luego de no poder acordar los cambios al proyecto con sus aliados y fuerzas dialoguistas, el oficialismo decidió posponer el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16.
Equipamiento
Mientras, el Gobierno clasificó como secreto militar la nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, una decisión que permite mantener bajo reserva las operaciones contractuales involucradas y exceptuarlas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión.
Así se indicó en el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y que señaló: “Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD”.
En tanto, autoriza al Ministerio de Defensa a “instrumentar la medida por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa”, mientras que la norma establece además que los organismos contratantes podrán avanzar con los trámites sin cumplir las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones.
Además, en el texto publicado en el Boletín Oficial no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir y no se informaron cantidades, proveedores, países de origen ni montos presupuestarios.
En tanto, el Ejecutivo fundamentó la declaración en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación de secreto militar para determinados asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armada, entre ellos, adquisiciones, fabricaciones, construcciones y sus correspondientes negociaciones y trámites, cuando revisten importancia fundamental para las capacidades militares.
“Una vez declarado el secreto militar de la aludida operación contractual, los organismos contratantes deberán seguir los trámites necesarios para la adquisición de dicho material, estando exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”, se indicó también.
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