La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la competencia en la causa por la mansión de Pilar que se adjudica a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esta manera, el expediente continuará en la Justicia Federal de Campana, bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, tal como pretendían los acusados.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, de la Sala I de Casación. Los magistrados consideraron inadmisible la presentación de Villar, que buscaba llevar la disputa por el juez que debe intervenir al máximo tribunal.
El planteo del fiscal apuntaba contra la decisión anterior de Casación, que había determinado que el expediente debía tramitar en la Justicia Federal de Campana y no en el fuero Penal Económico. Villar había sostenido que, por las características de las operaciones bajo análisis, correspondía que el caso continuara en ese último fuero.
El representante del Ministerio Público también había cuestionado el traslado de la causa a Campana y planteado que podía existir un supuesto “forum shopping”, además de poner en duda la imparcialidad de los camaristas que habían intervenido.
Esos argumentos fueron rechazados por los jueces. Borinsky sostuvo que no había elementos concretos para poner en duda la imparcialidad de los magistrados y calificó los cuestionamientos como conjeturales. También marcó contradicciones en los distintos planteos realizados por el Ministerio Público durante la discusión sobre el tribunal que debía intervenir.
Para la AFA y los demás investigados, el fallo supone una definición favorable en términos procesales: la causa permanecerá en el juzgado federal de Campana, tal como habían reclamado las defensas. Sin embargo, la resolución no analiza el fondo del expediente ni determina si existió un delito. Tampoco implica un sobreseimiento de los investigados.
El origen del caso
El expediente se inició a partir de una denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe.
Los denunciantes apuntaron por presunto lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar. La valuación incorporada a la causa ubica el valor de la quinta en unos 17 millones de dólares. En el predio también fue encontrada una colección de automóviles cuyo valor fue estimado en alrededor de 4 millones de dólares.
La propiedad de cinco hectáreas (con canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama) figura a nombre de Real Central SRL, una sociedad vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La Justicia busca determinar el origen del dinero utilizado para adquirir el inmueble y establecer si ambos actuaron como supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
En el expediente también aparecen elementos vinculados al dirigente y una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que habría sido utilizada para afrontar gastos relacionados con la propiedad y algunos de los vehículos.
Esta causa es crucial para el futuro de la AFA porque el juez que investigue este caso también tendrá bajo su órbita las demás investigaciones por supuesto lavado de dinero y fraude ligadas a la entidad rectora del fútbol que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La disputa por la competencia comenzó después de que el expediente pasara por distintos tribunales y fueros. En agosto, Casación había resuelto que el caso debía continuar ante la Justicia Federal y ordenó que las actuaciones quedaran en manos del juzgado de Campana.
Con el rechazo del recurso de Villar, esa decisión se mantiene. Al fiscal le queda aún un recurso de queja para llegar directamente a la Corte, aunque el máximo tribunal deberá definir primero si existe una cuestión federal que justifique su intervención.
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