El cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el partido bonaerense de Pilar recibió un fuerte cuestionamiento judicial en medio de las distintas investigaciones que alcanzan a la conducción de la entidad.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante calificó el traslado como “una mera formalidad y ficción jurídica” al rechazar un pedido para enviar a la Justicia Federal de Campana una causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero de fondos de la entidad en el exterior.
El planteo había sido realizado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien solicitó recibir el expediente al considerar que guarda relación con otra investigación que tramita en su juzgado y que, por lo tanto, ambas deberían acumularse.
Amarante, sin embargo, rechazó el pedido y sostuvo que no existen elementos suficientes para justificar que el expediente salga de la Justicia en lo Penal Económico. La controversia podría ahora quedar en manos de la Cámara de ese fuero.
El magistrado es además quien procesó a Tapia y Toviggino en otra causa, vinculada con la presunta retención indebida de unos 19.300 millones de pesos.
Las causas que rodean a la AFA
La conducción de la AFA aparece involucrada en distintas investigaciones judiciales, algunas de las cuales están relacionadas con el manejo de fondos de la entidad en el exterior.
Una de ellas apunta al rol de TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni, en la administración de recursos de la asociación fuera del país.
Por estos hechos existen expedientes abiertos en distintos fueros y jurisdicciones, entre ellos la Justicia Nacional de Instrucción, el fuero Penal Económico y los tribunales federales de Campana y Lomas de Zamora.
La existencia de investigaciones paralelas abrió una discusión sobre qué juzgado debe concentrar las actuaciones, ya que un mismo hecho no puede ser investigado simultáneamente en distintos expedientes sin que se determine cuál de ellos debe continuar.
Una de esas causas llegó al juzgado de González Charvay desde la Justicia de Santiago del Estero. Allí se habían denunciado presuntos desvíos de fondos hacia el club Central Córdoba y empresas relacionadas con Toviggino, además de posibles maniobras de lavado de dinero con recursos de la AFA.
La Justicia santiagueña entendió que el expediente debía quedar en Campana debido a la existencia de hechos y personas que también aparecían vinculados con la investigación sobre una mansión ubicada en Pilar cuya propiedad se atribuye a Toviggino mediante presuntos testaferros.
A partir de ese expediente, González Charvay le solicitó a Amarante otra investigación iniciada a raíz de denuncias basadas en publicaciones periodísticas sobre un supuesto lavado de fondos de la AFA en el exterior mediante financieras del microcentro porteño.
El duro argumento del juez
Amarante rechazó desprenderse del expediente. Entre sus argumentos, señaló que de la causa originada en Santiago del Estero solo permanecía bajo investigación una posible defraudación contra la AFA, luego de que fueran descartadas las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita.
Por ese motivo, entendió que no quedaba configurado un delito federal que justificara la intervención del juzgado de Campana.
También cuestionó que el pedido para trasladar la investigación se apoyara en “una mención genérica sobre una supuesta identidad de objeto” entre ambos expedientes.
El juez analizó además dónde habrían ocurrido concretamente los hechos investigados y concluyó que los actos que integrarían la supuesta maniobra tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese punto introdujo un fuerte cuestionamiento al cambio de domicilio de la AFA.
“Resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social- la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de esta Capital Federal”, sostuvo Amarante. Y agregó que pretender establecer la competencia de la Justicia bonaerense a partir del domicilio declarado en Pilar implica “priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”. Según el magistrado, los hechos investigados presentan una “total desvinculación con la jurisdicción de Campana”.
El cambio de sede de la AFA viene generando controversias en diferentes expedientes judiciales. El traslado formal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar modifica no solo la jurisdicción administrativa bajo la cual queda la entidad, sino también qué tribunales podrían intervenir en determinadas investigaciones penales.
El juez en lo Penal Económico rechazó desprenderse de la causa, como quería el titular de la AFA
La cuestión ya tuvo impacto en la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a través de presuntos testaferros. El cambio de domicilio fue uno de los argumentos utilizados para que ese expediente pasara a la Justicia Federal de Campana, aunque posteriormente dejó esa jurisdicción y regresó al fuero Penal Económico.
Ahora, Amarante volvió a poner el foco sobre esa modificación al considerar que la ubicación formal de la sede no alcanza para desplazar la competencia judicial cuando la actividad efectiva de la entidad y los hechos investigados permanecen vinculados con la Ciudad de Buenos Aires.
Tras rechazar el pedido, el magistrado le comunicó a González Charvay que, en caso de no compartir su criterio, deberá ser la Cámara en lo Penal Económico la que defina finalmente qué tribunal tiene competencia para continuar con la investigación.
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