El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este viernes la baja de Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago, por lo que la empresa de Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó fuera del sistema de billeteras virtuales habilitadas para ofrecer cuentas de pago.
La decisión representa un nuevo revés para el empresario, que se encuentra procesado en una causa federal por presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita, y cumple prisión domiciliaria.
Entre los argumentos para disponer la exclusión, el organismo señaló que Sur Finanzas no registra operaciones como proveedor de servicios de pago desde enero de 2026, una inactividad que supera los 180 días. También mencionó la pérdida de bancos patrocinantes, la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para reanudar el servicio.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la resolución está relacionado con las inconsistencias detectadas en la información presentada por la compañía.
Según el BCRA, Sur Finanzas declaró no haber realizado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026. Pero los registros bancarios mostraron un movimiento muy diferente: solamente en julio de 2025 se contabilizaron 2.999.117 transferencias por un total de $393.871 millones.
Los inspectores también detectaron movimientos significativos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario, lo que contrastó con las declaraciones juradas presentadas posteriormente por la firma.
Además, el organismo señaló que la empresa dejó de presentar los informes obligatorios desde julio de 2025 y que tampoco entregó toda la documentación contable requerida para reconstruir su actividad.
En ese sentido, la autoridad monetaria consideró que las restricciones judiciales invocadas por la compañía no justificaban los incumplimientos, ya que las omisiones habían comenzado antes de que se dictaran esas medidas.
Para el Banco Central, mantener a la firma dentro del registro implicaba conservar la habilitación de una empresa que había dejado de prestar el servicio y no había acreditado las condiciones necesarias para retomarlo. También advirtió que esa situación representaba un riesgo para la integridad y la confiabilidad del sistema de pagos.
La situación judicial de Ariel Vallejo
La decisión del organismo se conoce mientras avanza la investigación federal sobre el entramado empresarial de Vallejo.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó al financista como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada con maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Además, dispuso un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes.
Vallejo había sido detenido en el marco de la investigación, pero posteriormente el magistrado le concedió la prisión domiciliaria, con control mediante una tobillera electrónica. Actualmente cumple esa medida en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente.
El procesamiento también alcanzó a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a otras personas vinculadas con la estructura investigada. Asimismo, fueron procesadas nueve sociedades relacionadas con el grupo, entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach SA y Sur Pagos SA.
La Justicia busca determinar cómo funcionaba el circuito financiero, cuál era el origen de los fondos, quiénes eran sus destinatarios finales y qué operaciones tenían una justificación económica legítima.
La baja dispuesta por el Banco Central constituye así una nueva complicación para el grupo empresario, mientras continúa la investigación judicial sobre los movimientos de dinero y las operaciones realizadas a través de sus distintas sociedades.
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