La Justicia de Estados Unidos habilitó a un fondo de inversión Titan Consortium a avanzar con pedidos de embargo sobre activos argentinos para cobrar una indemnización de US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue adoptada por la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, y abre una nueva instancia en un litigio que comenzó hace casi dos décadas.
El fallo permite al mencionado fondo iniciar el procedimiento desde hoy para identificar bienes sobre los cuales solicitar medidas de ejecución. La autorización no implica que exista un embargo inmediato sobre un activo determinado: el fondo deberá señalar qué bienes pretende alcanzar y tramitar cada pedido ante los tribunales correspondientes.
Dos décadas de conflicto
La resolución tiene origen en la condena contra la Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. El conflicto se remonta al año 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanzó con la expropiación de las empresas que hasta entonces estaban bajo control del grupo español Marsans. La operación fue aprobada por el Congreso y se concretó en enero de 2009.
Marsans llevó el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En 2017, el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$321 millones, más intereses y costas. El país intentó posteriormente anular el fallo, pero el planteo fue rechazado.
Los derechos sobre el reclamo fueron transferidos luego a fondos especializados en litigios. Titan Consortium terminó recurriendo a los tribunales estadounidenses para obtener el reconocimiento y la ejecución de la sentencia internacional.
En diciembre de 2024, la Justicia del Distrito de Columbia reconoció la deuda y estableció que la Argentina debía pagar US$390.907.155,55, incluyendo los intereses acumulados hasta ese momento. El Gobierno apeló y cuestionó, entre otros puntos, el plazo de prescripción utilizado. Sin embargo, en julio de este año la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión y consideró aplicable un plazo de 12 años.
Ahora, la jueza Cobb consideró que había transcurrido un período razonable sin que la Argentina cumpliera con el pago y habilitó a Titan a comenzar con las acciones para localizar y eventualmente embargar activos.
Entre los posibles bienes que podrían quedar bajo análisis aparecen activos vinculados con Aerolíneas. Una alternativa podrían ser los aviones de la compañía, aunque una parte importante de la flota está integrada por aeronaves alquiladas y, por lo tanto, no pertenece a la empresa.
Mientras, desde la Procuración del Tesoro señalaron que el Gobierno analiza “todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia en la economía de todos los argentinos”.
El expediente se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina y que pueden derivar en intentos de ejecución sobre activos del país en el exterior. En ese contexto, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida global de US$1100 millones destinada a afrontar pagos derivados de sentencias de tribunales extranjeros.
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