La morosidad de los argentinos con bancos, financieras y billeteras virtuales quedó en el centro de la agenda económica del Gobierno. Un análisis de los datos de la Central de Deudores del Banco Central mostró que 5,86 millones de personas físicas tenían deudas atrasadas en junio de 2026. La cifra representa el 27,1% de los deudores relevados, mientras que el monto en mora equivale al 15,5% del total adeudado.
El aumento de los atrasos abrió una discusión sobre el crecimiento del crédito durante los últimos años, el costo de los préstamos y la capacidad de pago de los hogares. El Gobierno, por ahora, sostiene que se trata de un problema entre privados y descarta utilizar fondos públicos para asistir a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.
La cuestión, sin embargo, llegó hasta la reunión de Gabinete. Allí apareció otro eje que podría derivar en alguna medida oficial: la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos quede expuesto de una manera más clara. El Gobierno considera que muchas personas no logran identificar con facilidad cuánto terminarán pagando cuando toman un crédito, tanto en bancos como en billeteras virtuales.
La discusión se mantuvo en un plano conceptual, bajo la idea de que “hoy la letra es ilegible”. El objetivo sería que quien solicita un préstamo pueda conocer de forma sencilla el costo final de la operación y no solo la tasa de interés anunciada por la entidad.
La posibilidad de que el Gobierno avance con alguna medida tomó mayor relevancia porque el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista para este miércoles una conferencia de prensa en la que anunciará medidas económicas. Hasta ahora no trascendieron los detalles ni existe confirmación de que alguna de esas iniciativas esté vinculada en forma directa con la morosidad.
POSTURA OFICIAL
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dejó en claro cuál es la posición oficial frente al problema. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó.
Según Ravier, una parte importante de la explicación debe buscarse en las condiciones con las que bancos y entidades financieras no bancarias otorgaron créditos. El funcionario sostuvo que las entidades aplicaron tasas elevadas como mecanismo de cobertura ante los riesgos que asumían y que esa estrategia terminó por comprometerlas ante el aumento de los incumplimientos.
El Gobierno también vinculó la evolución de la mora con la expansión del crédito durante 2024 y el deterioro posterior de las condiciones financieras. Según el análisis del vocero, las líneas de crédito crecieron en 2024 y los problemas de mora aparecieron con mayor fuerza durante 2025. Ravier también atribuyó parte de las dificultades a la incertidumbre generada por iniciativas impulsadas en el Congreso que, según su interpretación, afectaron la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés.
Mientras la Casa Rosada evita hablar de un salvataje, una radiografía elaborada por el analista Matías Fernández permite dimensionar el alcance del fenómeno. El estudio utilizó microdatos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio y los cruzó con información del padrón de ARCA, además de incorporar un panel de los últimos 24 meses.
Los datos muestran que la cantidad de personas con atrasos es muy superior al peso que tienen sus deudas dentro del total. El 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% tiene atrasos inferiores a $400.000. En el otro extremo, el 14,5% con las obligaciones más elevadas concentra el 73% del monto total en mora.
Los bancos tradicionales concentran alrededor del 65% del dinero impago. Las entidades privadas representan el 45% del monto y el 27% de las personas morosas, con una deuda atrasada mediana de $1.458.000. Los bancos públicos explican otro 20% del volumen.
La distribución cambia de forma significativa cuando se observa la cantidad de personas. Mercado Libre y Mercado Pago concentran el 19% de los morosos, pero apenas el 2,9% del monto total en mora. La deuda atrasada mediana en este segmento se ubica en unos $116.000.
Ese dato llevó a Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, a responder a las críticas sobre la morosidad de los créditos otorgados a través de Mercado Pago. El empresario destacó que la mediana de mora de los bancos públicos ronda $1,4 millones, frente a unos $100.000 en Mercado Libre.
Galperin también señaló que menos del 3% de la mora total del sistema corresponde a Mercado Libre, mientras que Banco Nación y Banco Provincia concentran en conjunto el 15%. Además, cuestionó las críticas que, según sostuvo, no toman en cuenta el fuerte aumento de la cantidad y del monto de los créditos que sí son pagados en tiempo y forma.
El informe de Fernández plantea que la elevada cantidad de morosos de Mercado Pago no implica necesariamente que la plataforma concentre una proporción equivalente de la deuda problemática. El fenómeno aparece asociado a la expansión de la inclusión financiera y al otorgamiento de numerosos créditos de montos relativamente bajos.
Otro segmento que presenta una situación más compleja es el denominado “crédito rápido no bancario”, que incluye a compañías como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins. Allí se concentra el 22,6% de las personas en mora y el 7,7% del monto total. La deuda mediana ronda los $500.000 y la tasa promedio de mora llega al 52%, con niveles todavía mayores en algunas entidades.
Las tarjetas no bancarias, las casas de electrodomésticos y los supermercados reúnen, en conjunto, alrededor del 35% de las personas con atrasos y el 14% del dinero impago. Además, el 17,8% de los morosos ya aparece en carteras destinadas a recupero.
Uno de los datos que más preocupa es el comportamiento entre los jóvenes. La cantidad de deudores de entre 18 y 25 años aumentó 38% y su tasa de mora pasó de 24,7% a 40,8%. La deuda atrasada mediana de ese grupo llega a $282.000.
El estudio también muestra que el problema no necesariamente responde a un endeudamiento con múltiples acreedores. La mitad de los deudores tiene obligaciones con una sola entidad y el 90% concentra sus deudas en un máximo de tres.
Así, la discusión sobre la mora quedó planteada en dos planos. Por un lado, el Gobierno rechaza la posibilidad de utilizar recursos públicos para asistir a los deudores o a las entidades financieras y atribuye buena parte del problema a las condiciones de los créditos otorgados. Por otro, dentro de la propia administración comenzó a ganar espacio la idea de mejorar la información que reciben los usuarios sobre el costo real de los préstamos.
La eventual decisión que adopte el Gobierno podría conocerse en las próximas horas, aunque la conferencia de Caputo no implica, hasta el momento, una confirmación de que habrá medidas específicas sobre la morosidad. Mientras tanto, los datos del Banco Central muestran que el problema ya alcanza a millones de personas y que su impacto es muy diferente según el tipo de entidad y el monto de las obligaciones.
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