El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta el escenario judicial más delicado desde que asumió su cargo y quedó al borde de la indgatoria. Según fuentes del fuero federal, el juez Ariel Lijo prevé citarlo a declarar antes de que comience la feria de invierno en los tribunales, programada para las últimas dos semanas de julio.
La medida, que se analiza junto al fiscal Gerardo Pollicita, depende de las últimas medida de prueba que el magistrado tiene en curso para analizar los gastos del funcionario.
Si bien la indagatoria es un acto procesal de defensa del imputado que no implica culpabilidad, el juez la dispone cuando considera que acumuló suficientes elementos para interrogar formalmente a un sospechoso.
En Comodoro Py se evalúa que si Lijo finalmente da ese paso es porque muy probablemente también avanzará hacia un procesamiento.
Viaje en la mira
Lo que acerca a Adorni al llamado a indagatoria es su vínculo con el productor televisivo y amigo Marcelo Grandío, dueño de la firma Imhouse. La investigación se concentra en el viaje a Punta del Este que el ministro realizó con su familia durante el fin de semana largo de Carnaval, en un avión privado. El funcionario sostuvo públicamente que lo pagó de su bolsillo, pero la Justicia tiene documentación que apunta en otra dirección.
Un bróker de vuelos privados declaró que tanto la reserva como el vuelo de regreso fueron abonados por Grandío. La empresa que operó el traslado emitió una factura del vuelo de ida a nombre de Imhouse y otra por 3.000 dólares fue hecha por el bróker directamente a Grandío. Ninguno de esos documentos lleva el nombre del jefe de Gabinete.
Los contratos con la TV Pública
Según consta en la Justicia, la productora de Grandío tiene seis contratos de coproducción firmados con la TV Pública que incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial.
Para establecer si hubo contactos irregulares en el período en que se firmaron esos contratos, Lijo dispuso el cruce de registros telefónicos entre los teléfonos de Grandío, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse. También se analiza la geolocalización de los dispositivos. En el tribunal comparan este procedimiento con el rol que jugaron los cruces de llamadas en la causa que terminó con la condena de Amado Boudou.
Estas conexiones podrían derivar en futuras imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública o recepción de dádivas, además del enriquecimiento ilícito que ya se investiga.
La casa de la polémica
En paralelo, el juzgado analiza el patrimonio declarado por Adorni y pone bajo la lupa algunas inconsistencias. En noviembre pasado, el funcionario escrituró una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por alrededor de 120.000 dólares.
Además, el exvocero habría abonado cerca de 5.000 dólares de cuota para ingresar al barrio privado y luego encargó obras de refacción valuadas en aproximadamente 245.000 dólares. Todos los pagos fueron en negro. Entre compra, ingreso al country y remodelación, el gasto total por esta propiedad rondaría los 370.000 dólares.
Funcionarios judiciales especulan además con que la modalidad del gasto —sin facturar, en efectivo— podría constituir no solo enriquecimiento ilícito sino también lavado de dinero.
¿También peculado?
Como si la situación judicial que envuelve a Adorni no fuera suficientemente complicada, un informe periodístico mostró imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso al country donde está una de sus propiedades.
El operativo habría comenzado después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado. Incluso, vecinos del lugar cuestionaron el uso de recursos del Estado para proteger la vivienda particular de un funcionario.
Si se confirma que esa custodia existió, los investigadores evaluarían si configura el delito de peculado, que prevé penas de hasta diez años de prisión para quien utlice recursos públicos en beneficio personal.
SUSCRIBITE a esta promo especial