Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás y llegó a un acuerdo para suspender el decreto que desregulaba el practicaje, el servicio en el que un capitán de barco experto en la zona conduce un buque durante su entrada, salida o tránsito por lugares difíciles o peligrosos en puertos, ríos o canales. El rechazo a esa medida había derivado en una paralización de las actividades portuarias en las terminales de todo la Argentina. Entre ellas en las de La Plata, poniendo en riesgo el abastecimiento de combustible en la Región y el país. Pero, tras la medida de fuerza que se extendía desde el sábado, la Casa Rosada comunicó ayer un entendimiento entre las partes que contempla el abaratamiento de las tarifas en un 20% y el restablecimiento de las tareas de asesoramiento marítimo.
A cambio de eso, también “se resolvió suspender la aplicación del decreto 690/2026 de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.
Era, después de todo, una cuestión de plata, como deslizaron desde una empresa con injerencia en una de las terminales portuarias más importantes del país: “No era un tema con la profesión sino con el costo. Por eso llama la atención que no hayan empezado por hablar sobre dinero en vez de propiciar una parálisis en el movimiento de los barcos”, advirtieron.
Sin embargo, no se aclaró sobre qué cuadro de precios se aplicará el recorte del 20%, ni si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué momento comenzará a regir. Tampoco se precisó bajo qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión del decreto ni durante cuánto tiempo quedará interrumpido.
Sobre la instancia de diálogo, se detalló que será coordinada por la Nación con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. El objetivo será avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.
El acuerdo, trascendió, no sería definitivo. Si bien los prácticos se comprometieron levantar la medida de fuerza de manera inmediata, continuarán negociando con los funcionarios nacionales.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Durante cuatro días, prácticos, pilotos y baqueanos frenaron el comercio del país con el mundo para protestar contra el que llevaba las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien a través de la red social X defendió la iniciativa con un fuerte anuncio: “Desarmamos kioscos en el practicaje”, advirtió. Agregó que lo que se buscaba era bajar el denomindo “costo argentino” y que el decreto que ahora se puso en stand by extendía “la exención a los capitanes extranjeros y elimina barreras que reducían la competencia y escalaban los precios”. La extensa publicación del funcionario concluyó asegurando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.
El nuevo régimen se estableció sin un acuerdo previo con los profesionales, lo que desencadenó un conflicto inédito, con el 80% del comercio exterior paralizado y al menos 140 buques mercantes varados en las terminales de Gran Rosario, Buenos Aires, Dock Sud, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Quequén y Caleta Córdova y Puerto La Plata.
LA SITUACIÓN EN LA PLATA
La situación afectó la carga de granos, combustible y otras mercaderías detenidas en los puertos. Y generó especial preocupación en el Puerto La Plata.
“Lo que este sistema de desregulación establece es una locura. No nos interesa si quieren discutir la libre competencia -que muy libre no es porque el Gobierno se reserva la facultad de establecer precios máximos sobre los costos del practicaje-; lo que más nos preocupa es que esto impacta en la seguridad de la navegación de una manera gravísima, sobre todo en puertos como el nuestro, cuya principal función es la exportación de hidrocarburos”, alertó en diálogo con este diario la presidenta la puerto local, Susana González, poco antes de que se anunciara el acuerdo.
La funcionaria también le apuntó a Prefectura por intimar bajo amenaza de cárcel a los profesionales para que restablecieran el servicio y criticó la medida gubernamental por haber puesto “en peligro la vía navegable, las instalaciones portuarias y hasta la comunidad”, además de haber resentido la recaudación del puerto por la suspensión del cobro de tarifas. “No obstante, nosotros acompañamos la medida de los prácticos y consideramos que acá lo más importante era la seguridad”, concluyó González.
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