La investigación judicial sobre las maniobras realizadas durante la vigencia del cepo cambiario podría ingresar en una nueva etapa. Francisco Hauque, exsocio del empresario Elías Piccirillo e imputado en la causa que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, analiza solicitar su incorporación al régimen de arrepentidos para aportar información sobre el funcionamiento de la operatoria.
Según afirmó, su intención es declarar sobre los vínculos que, a su entender, existieron entre financistas, funcionarios y autoridades del Banco Central durante los años en que se desarrolló la maniobra investigada.
Hauque aseguró haber recibido amenazas para evitar que revele información sobre la causa. Según relató, los mensajes intimidatorios ocurrieron en reuniones privadas y estuvieron vinculados a la posibilidad de que avance con una declaración judicial.
El financista sostuvo que existen sectores políticos y económicos preocupados por una eventual colaboración con la Justicia y afirmó que decidió hablar públicamente porque considera que la exposición mediática funciona como una forma de protección personal.
Dólar blue y las SIRA
El expediente investiga una presunta estructura que habría aprovechado las restricciones cambiarias vigentes entre 2021 y 2023 para obtener ganancias millonarias mediante operaciones con dólares y mecanismos vinculados al sistema de importaciones.
La Justicia busca determinar si existieron irregularidades en la concesión de permisos de importación conocidos como SIRA y si determinados operadores financieros obtuvieron beneficios extraordinarios gracias a información privilegiada o a la protección de funcionarios públicos.
La causa se encuentra en una etapa de producción de pruebas. Entre otras medidas, se aguardan informes del Banco Central y peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.
Las acusaciones contra exfuncionarios
Durante sus declaraciones, Hauque vinculó la operatoria investigada con funcionarios y exfuncionarios nacionales. En ese contexto apuntó contra el expresidente Alberto Fernández y mencionó a integrantes de su entorno político.
También señaló a la contadora Valeria Fabiana Fernández y al financista Carlos Agra, ambos investigados en el expediente. Según sostuvo, Fernández habría tenido un papel central en la estructura financiera bajo análisis.
Asimismo, afirmó que aportará información sobre reuniones, viajes y documentación que, según considera, podrían resultar relevantes para el avance de la investigación.
Hauque volvió a aparecer en escena luego de que una pericia realizada en otra causa concluyera que era posible que Elías Piccirillo hubiera introducido droga y un arma en un vehículo durante un procedimiento ocurrido el año pasado.
A partir de aquella investigación surgieron conversaciones telefónicas y otros elementos que terminaron abriendo nuevas líneas de análisis sobre operaciones cambiarias y permisos de importación.
Pese a ello, Hauque intentó despegarse de las maniobras investigadas. Aseguró que su participación se limitó a haber prestado tres millones de dólares a su exsocio y negó haber integrado la estructura que operaba con el mercado cambiario.
La respuesta del kirchnerismo
Las acusaciones fueron rechazadas por fuentes cercanas al último gobierno kirchnerista, que negaron cualquier participación de Alberto Fernández o de exfuncionarios nacionales en las maniobras investigadas.
Desde ese sector también cuestionaron la credibilidad de los dichos de Hauque y plantearon interrogantes sobre los motivos que lo llevaron a apuntar contra determinadas figuras políticas en este momento de la investigación.
Una causa en expansión
El expediente reúne elementos vinculados al sistema financiero, organismos estatales y operadores políticos. La posible incorporación de Hauque como arrepentido podría aportar nueva información para reconstruir el funcionamiento de una maniobra que la Justicia investiga desde hace meses y que involucra millones de dólares generados durante los años de mayores restricciones cambiarias.
Mientras continúan las medidas de prueba, la fiscalía deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas imputaciones y determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las operaciones bajo sospecha.
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