El Gobierno nacional busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión y Patricia Bullrich tuvo que abrir una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.
La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su propia bancada reconoce que no tiene fuerza suficiente para aprobarla sin hacer concesiones.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.
¿nuevo cortocircuito?
La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba durante los últimos quince días en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y tomó conocimiento de los cambios cuando ya habían trascendido públicamente.
Desde el Gobierno hicieron saber entonces su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas -entre ellas los megacentros de datos- cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población, informaron fuentes parlamentarias.
“Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, habría reconocido Bullrich ante sus allegados, en una frase que sintetiza la relación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en el Senado.
El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de las grandes compañías tecnológicas, las nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos relacionados con minerales críticos.
El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.
La industria nacional, en el centro de la negociación
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales.
El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscrita a bienes producidos efectivamente en el país.
Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
El planteo introduce una discusión política de fondo sobre el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno: si los beneficios extraordinarios estarán orientados únicamente a atraer capitales o si también habrá mecanismos para garantizar que una parte de esas inversiones se derrame sobre la producción nacional.
La pelea por la energía
El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”.
Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía -especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial- desarrollen su propio sistema de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.
La preocupación de los gobernadores tiene un fundamento político y económico: los megacentros de datos y la infraestructura digital están entre los sectores estratégicos que busca atraer el Súper RIGI, pero su funcionamiento requiere un consumo energético considerable.
Los cambios que se incorporen obligarán que vuelva a Diputados en revisión
Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias.
El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente precisamente las inversiones que busca captar.
Los cambios que finalmente se incorporen obligarán a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados vuelva a ese cuerpo para su revisión. Por eso, todavía no estaba definido si el próximo miércoles el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Economía e Inversión y de Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente, emitirá el dictamen necesario para intentar llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre.
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