La fiscal Cecilia Incardona pidió procesar a Ariel Vallejo y dictarle la prisión preventiva en el marco de la causa Sur Finanzas, debido al incumplimiento de las condiciones de su libertad y considerar que existe “riesgo de fuga”.
En un escrito de 249 páginas solicitó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesar además a otras 13 personas y algunas de las empresas ligadas al financista, y trabar los embargos sobre los imputados.
La fiscal apuntó que Vallejo condujo una asociación ilícita “y decidió cada uno de los hechos de lavado que se le atribuyen”. Acusó que el lavado de activos fue “una práctica habitual” que se realizó a través de las empresas de su grupo.
Según la hipótesis, el financista ligado a la AFA “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita”.
La acusación menciona la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que tomó junto a su mamá Graciela Beatriz Vallejo y a Silvia Torrado, con la que infringió el Régimen Penal Cambiario y generó ganancias con las que luego fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central en Adrogué.
Luego, compró Neblockchain S.A, una empresa con licencia para proveer servicios de pago, que luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A. Dicha compañía fue “la caja de entrada del grupo, por medio de billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica que lo justificara y de los camiones de caudales con que sus empleados depositaban el efectivo”.
“Cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes”, enfatizó Incardona.
Vallejo también está acusado de haber retenido los aportes de sus empleados y no depositarlos, y que esos montos “se confundieron con los demás fondos de las sociedades que debían ingresarlos”. Además, habrían evadido impuestos sobre los créditos y débitos bancarios por un monto de $10.325.971.474,97.
“Cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio”, remarcó la fiscal.
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