La relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich continúa desgastándose a paso agigantados. En las últimas horas, la senadora nacional volvió a diferenciarse del Presidente de la Nación luego de solidarizarse con los periodistas que fueron detenidos en Formosa por grabar a una comunidad originaria.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, (Gildo) Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó la exministra de Seguridad en su cuenta de X.
Con este mensaje Bullrich se posicionó en las antípodas de lo que había publicado Milei sobre el asunto, celebrando la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán a "cinco días de arresto", pena que podía ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno.
Por ese suceso en el norte del país, en un provincia gobernada por el peronismo desde la vuelta a la democracia, el jefe de Estado argentino había atacado a los periodistas en ese caso y apuntado contra el periodismo en general, calificándolos de "basuras inmundas con micrófono”, afirmando que "trabajan para hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”.
El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas, donde el equipo entrevistaba a ciudadanos del lugar, registrando las precarias condiciones de vida de esa comunidad.
Durante esa cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por la policía, trasladados a una dependencia donde permanecieron mientras eran notificados de una denuncia. Según la reconstrucción, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, manifestando que desconocía el contenido del documento que había firmado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que se haya sancionado a los periodistas por el ejercicio de su actividad profesional. ADEPA sostuvo que "en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo", mientras que FOPEA advirtió sobre "la criminalización de la labor informativa" que representaba lo ocurrido en Formosa.
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