La causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio atraviesa una etapa de creciente tensión entre el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola. Aunque ambos intervienen en el mismo expediente, sostienen posiciones diferentes respecto de varias de las medidas centrales de la investigación.
Las discrepancias quedaron expuestas en torno a los pedidos de indagatoria impulsados por la fiscalía, la reciente solicitud de detención de Insaurralde y Cirio y el alcance del peritaje contable que analiza la evolución patrimonial de los imputados.
Mientras el Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para profundizar la investigación, el magistrado viene manteniendo un criterio más restrictivo respecto de las medidas solicitadas.
El pedido de detención
El último episodio que profundizó esa diferencia fue el pedido de detención presentado por el fiscal Mola contra Insaurralde y Cirio.
La fiscalía argumentó que ambos podrían entorpecer la investigación o sustraerse de la acción de la Justicia. Entre los elementos considerados figura la difusión de los videos en los que Cirio aparece junto a fajos de dólares termosellados guardados en un vestidor de la vivienda que compartía con el exfuncionario.
Según fuentes judiciales, Armella no tiene previsto hacer lugar a esa solicitud y mantendría la línea de actuación que viene sosteniendo desde el inicio del expediente. De confirmarse esa decisión, será un nuevo punto de desacuerdo entre el juez y el representante del Ministerio Público.
Las indagatorias que siguen pendientes
Las diferencias entre ambos funcionarios judiciales no comenzaron con el pedido de captura.
Desde el año pasado, Mola viene impulsando la declaración indagatoria de Insaurralde, sobre la base de un informe elaborado junto al fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Según la fiscalía, el análisis patrimonial detectó gastos millonarios sin justificar, especialmente en viajes al exterior incompatibles con los ingresos declarados por el exjefe de Gabinete bonaerense.
La investigación también puso bajo análisis presuntas negociaciones con contratistas municipales y operaciones que involucrarían a familiares y allegados del exfuncionario.
Pese a esos planteos, el juez no avanzó con las indagatorias solicitadas. Ahora la fiscalía analiza presentar nuevos requerimientos una vez concluido el peritaje patrimonial.
El peritaje que puede definir el rumbo del expediente
Una de las pruebas más importantes de la causa es el estudio contable que reconstruye el patrimonio de los imputados.
El trabajo comprende 75 puntos de pericia destinados a establecer si los bienes, gastos e inversiones de Insaurralde, Cirio y el resto de los investigados pueden justificarse con sus ingresos declarados. Su finalización está prevista, en principio, para el 17 de julio.
Entre otros aspectos, los especialistas analizarán un supuesto préstamo o donación de 250.000 dólares que Insaurralde habría realizado a Cirio, la compra de la quinta de San Vicente, el financiamiento del viaje realizado en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, la adquisición de vehículos de alta gama y el origen de los fondos utilizados para afrontar numerosos vuelos al exterior.
En paralelo, la defensa de Cirio intenta excluir del expediente tanto los videos difundidos recientemente como el allanamiento realizado en su domicilio, al sostener que esos elementos forman parte de una maniobra extorsiva.
Otro de los puntos de conflicto entre el juez y la fiscalía está relacionado con Carolina Álvarez, segunda esposa de Insaurralde.
Armella resolvió excluirla del peritaje contable al considerar que el período investigado comienza en 2009, cuando Insaurralde asumió como intendente de Lomas de Zamora, mientras que la adquisición del terreno donde luego se construyó la vivienda de San Vicente ocurrió en 2006.
La decisión fue apelada por la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y la asociación Poder Ciudadano, que sostienen que Álvarez debe ser incluida porque figura imputada como presunta testaferro del exfuncionario.
El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, respaldó ese planteo y consideró necesario investigar el origen de los fondos utilizados para adquirir los terrenos vinculados a la propiedad de San Vicente.
Ahora será la Cámara Federal de La Plata la que deberá resolver si corresponde ampliar el peritaje. Esa decisión definirá el alcance final de una de las pruebas más relevantes del expediente y marcará el próximo capítulo de una causa en la que las diferencias entre el juez y el fiscal siguen condicionando su avance.
SUSCRIBITE a esta promo especial