Finalizada la feria judicial de mitad de año, se espera que en los próximos días se reactiven expedientes clave contra el gobierno nacional. Los más trascendentes son la denominada causa $Libra y la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Ambas cuestiones son dos de los puntos más importantes de lo que deberá enfrentar la Casa Rosada en el segundo semestre del año. Con la finalización de la feria, los tribunales federales de Comodoró Py retoman su actividad y, con ella, se reavivan los expedientes de alto impacto institucional que vienen marcando el año.
Tramitada ante el juez Marcelo martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, la denominada causa $Libra investiga presuntas irregularidades, engaños e ilícitos en torno al lanzamiento y promoción de la criptomoneda que lleva ese nombre, y que involucró al presidente, Javier Milei, luego de que éste realizara un posteo en sus redes sociales que la había promocionado.
Tras la decisión en primera instancia de apartar a los damnificados como parte querellante, la Sala I de la Cámara Federal porteña convocó a audiencias clave para resolver si les permite seguir impulsando el expediente. La permanencia de los querellantes resulta crucial para evitar que el avance del caso dependa de manera exclusiva de la fiscalía.
Otra de las causas judiciales que enfrenta el gobierno es la que involucra a Manuel Adorni. A cargo del fiscal Gerardo Pollicita, la causa investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales.
Hasta el inicio de la feria, el expediente se encontraba en la instancia de entrega de peritajes financieros y análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Además, la fiscalía había requerido la justificación de gastos y consumos que no concordarían con los ingresos declarados. Si las explicaciones aportadas no resultan convincentes, el expediente avanzaría hacia citaciones a declaración indagatoria.
LA CAUSA ANDIS
Otra de las causas judiciales que deberá enfrentar el gobierno es la denominada causa Andis, en referencia a la Agencia Nacional de Discapacidad. El expediente reúne denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación de medicamentos y la gestión de pensiones por discapacidad.
La investigación surgió a partir de la incorporación de audios filtrados, atribuidos a su exdirector Diego Spagnuolo, y testimonios que aluden a maniobras dentro del organismo e involucran menciones a segundas líneas y figuras del entorno oficial.
La reactivación de estas causas propicia la pérdida del control de la agenda pública por parte del gobierno y reaviva la disputa institucional, sobre todo en ámbitos parlamentarios, sumado a los debates sobre las vacantes de jueces federales que el Senado tiene en agenda.
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