La conducción de Aguas Bonaerenses (ABSA), empresa controlada por el Estado de la Provincia, sugirió un agregado al convenio con el Sindicato de Obras Sanitarias ( SOSBA) que introduce un significativo pasivo contingente en el balance de la compañía y limita el margen de acción de futuras administraciones provinciales.
A través de un acta complementaria firmada el pasado 14 de octubre ambas partes -Estado y gremio- incorporaron el artículo 51 bis al convenio colectivo de trabajo.
La disposición establece que ante cualquier modificación en la conformación societaria o jurídica de la empresa -incluyendo una subdivisión, redistribución, municipalización, privatización o venta total o parcial del paquete accionario en mano de la Provincia- todo trabajador que sea desvinculado percibirá una indemnización especial a 30 veces su remuneración mensual, normal, habitual y bruta, integrando la totalidad de los adicciones, convencionales y propios del puesto.
La deficiencias del servicio del agua, mientras, han motivado el reconocimiento de las protestas de los habitantes de, entre otras ciudades, La Plata y Bahía Blanca y algunos intendentes iniciaron estudios y conversaciones sobre la posibilidad de que las comunas se hagan cargo del servicio y en ese caso también se aplicaría la nueva norma el convenio que indica que cualquier desvinculación del personal dependiente tendrá una indemnización de 30 veces el salario.
Un costo oculto para los contribuyentes
El acuerdo estipula explícitamente que el pago de estas indemnizaciones extraordinarias estará a cargo de ABSA. Sin embargo, el riesgo patrimonial recae en el Estado provincial y en última instancia sobre los contribuyentes. En la actualidad de esa manera el déficit de la empresa lo cubre el Estado.
El texto agregado al convenio precisa que los 30 salarios brutos se devengarán de “pleno derecho” y se abonarán sin prejuicio ni absorción de las indemnizaciones ordinarias por despidos, antigüedad o transferencia de contrato previstas en la ley de contrato de trabajo.
En términos prácticos el costo de las posibles indemnizaciones se multiplica muy por encima de los estándares del sector privado y público. Esa super indemnización deberá ser pagada aun cuando la Provincia no privatice sino que le entregue el servicio a los municipios.
Esa cláusula actúa en los hechos como un mecanismo que internacionalmente es denominado de “píldora venenosa” que suele ser aprobado por directorios de empresas que tratan de impedir la venta de la compañía para que sus empleados no corran ningún peligro.
En casos similares una regla de este tipo también suele ser denominada como Golden Parachute que literalmente significa paracaida dorado y la expresión se utiliza cuando los gerentes de una compañía ante la eventualidad de traspaso de la misma se aseguran indemnizaciones millonarias.
Lo llamativo es que la cláusula se aplicará aun cuando la empresa no fuera privatizada sino que el Estado provincial transfiera acciones a los municipios a los cuales ABSA sirve... y que hasta ahora no han tenido ni voz, ni voto sobre la calidad de las prestaciones de la empresa.
Por más que se municipalice, el empleado desvinculado cobrará más
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