Más de ocho años después del hundimiento del submarino Ara San Juan, que en noviembre de 2017 causó la muerte de sus 44 tripulantes a bordo en el Atlántico Sur, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos condenó ayer al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión “de ejecución condicional, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos y costas del proceso”.
Villamide, quien comandaba la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia, fue hallado “autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte”.
En el mismo fallo, dictado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, fueron absueltos por unanimidad los otros tres oficiales acusados: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 21 de agosto, según el plazo previsto por el Código Procesal. A modo de anticipo, el presidente del Tribunal aclaró ayer que la resolución tomada “fue absolutamente con libertad de criterio, sin ningún tipo de presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento de cada uno de los magistrados sobre la solución que debía darse al caso. Reconocemos nuestra naturaleza humana y, si pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas”.
El juicio, iniciado el 3 de marzo en Río Gallegos, tuvo más de 30 audiencias y contó con alrededor de 90 testigos, entre expertos submarinistas, excomandantes y oficiales y suboficiales retirados de la Armada. El debate se centró en los oficiales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera de la causa el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas de la época, incluidos el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Fiscalía y querellas
La fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, había pedido cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa, al sostener que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión.
Las querellas —las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, en representación de 34 familias, y el abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas— habían exigido penas mayores, de hasta ocho años para Villamide, aunque esos pedidos quedaron fuera de consideración por no haberse ajustado a los límites de la acusación fiscal.
Defensas
Villamide, ya destituido de la fuerza en 2021 tras un Consejo de Guerra que lo sancionó por no haber ordenado al comandante del submarino regresar a puerto navegando en superficie, insistió hasta el final en su inocencia. En sus palabras finales ante el tribunal, afirmó no comprender los motivos concretos de la acusación y calificó el proceso como “un juicio a la Armada”.
También rindió homenaje a los 44 tripulantes: “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”, expresó al término de su defensa.
Por su parte, López Mazzeo cuestionó la solidez probatoria de la acusación y sostuvo que la causa del naufragio —el ingreso de agua por el sistema de ventilación— no guardaba relación con el estado de alistamiento del buque. En tanto que Correa remarcó haber cumplido rigurosamente sus responsabilidades, y Alonso recordó su rol de acompañamiento a las familias de los submarinistas durante los días de mayor incertidumbre, tras el hundimiento.
La sentencia, con un único condenado a prisión en suspenso de los cuatro marinos juzgados, fue cuestionada por Tagliapietra, quien adelantó sus intenciones de apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal y plantear un pedido de nulidad del juicio. Además, denunció presiones y un supuesto forum shopping (como se conoce a la maniobra legal en la que una parte busca radicar su demanda en la jurisdicción o ante el juez que considera más favorable para sus intereses) para que la causa tramitara en Santa Cruz, como pretendía la Armada.
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