La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, disposiciones que habían eliminado la supervisión oficial sobre los valores de los planes de medicina prepaga. A partir de esta sentencia, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera sus atribuciones legales para examinar, fiscalizar y autorizar cualquier modificación en las cuotas que aplican las empresas del sector.
El pronunciamiento lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y marca la primera declaración de inconstitucionalidad emitida por el máximo tribunal contra artículos del megadecreto dictado por el Poder Ejecutivo. La resolución judicial adquiere un fuerte alcance institucional y económico, ya que sienta jurisprudencia directa para alrededor de 500 expedientes similares que aguardan definición en el propio tribunal, además de proyectar efectos sobre numerosos litigios en trámite en distintos juzgados del país y futuros pedidos de reintegro por sumas ya abonadas.
El caso testigo llegó a la instancia suprema tras las apelaciones interpuestas tanto por el Estado Nacional como por la firma de medicina prepaga demandada, en el marco de una acción promovida por una afiliada cuya factura experimentó un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse respetado el esquema regulatorio previo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, la suba prevista para enero de 2024 habría alcanzado apenas el 6,26%.
Mediante este fallo, la Corte ratificó de manera parcial un dictamen previo de la Cámara Federal de La Plata. Por un lado, dejó sin efecto los artículos del DNU que habían suprimido y alterado cláusulas centrales de la Ley 26.682, norma que somete las tarifas sanitarias al escrutinio estatal; así, el organismo de control deberá verificar la razonabilidad de cada ajuste a partir de las variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales de riesgo. Por otro lado, los jueces revocaron el tramo del fallo platense que ataba de forma automática los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras aclarar que la restitución de las facultades regulatorias no implica fijar un techo indexado a la inflación, sino devolver la evaluación técnica a la autoridad de aplicación.
En los fundamentos de la sentencia, los magistrados remarcaron que la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a ejercer funciones legislativas únicamente bajo circunstancias de estricta excepcionalidad, cuando resulta imposible aguardar los tiempos del trámite parlamentario ordinario. En línea con la doctrina ratificada el pasado 13 de agosto en el precedente “Cencosud”, el tribunal concluyó que los argumentos del DNU 70/23 carecían de una justificación suficiente para suprimir el control estatal.
Según señalaron los jueces, las referencias genéricas a una “crisis del sistema de salud” o al propósito de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la desregulación arancelaria no acreditan una emergencia que impida el debate en el Congreso, ni demuestran un vínculo concreto entre la crisis económica y la eliminación de los topes tarifarios. El fallo subrayó que razones de mera conveniencia o celeridad administrativa no autorizan a reemplazar las leyes parlamentarias por decretos, al tiempo que precisó que la invalidez resuelta se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269, sin emitir juicio sobre el resto del cuerpo normativo.
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