El fiscal de menores Hernán Ceruti, al frente de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló ayer el fallo de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió por 60 días el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
Para Ceruti, se trata la decisión de la magistrada provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que, un habeas corpus -en el que se basó la jueza para frenar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años- no puede suspender una ley que fue sancionada por el Congreso Nacional.
Además, el fiscal subrayó que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa. En esa línea, sostuvo que la disposición de Pascual “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando esencialmente la división de poderes”. Agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.
En su cuestionada resolución, la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de infraestructura ni de recursos suficientes para afrontar ese incremento.
Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos y que “transforma una posibilidad en una certeza”, advirtió Ceruti.
Esta apelación se suma a la denuncia penal que realizó la ONG Usina por la Justicia, en la que se acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
La magistrada acumula además varios pedidos de juicio político. El martes desde La Libertad Avanza bonaerense anticiparon que pedirán el juicio político de la magistrada, a la que calificaron como “una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”.
En el mismo sentido, el senador provincial del PRO, Guillermo Montenegro, anunció ayer que presentará un pedido de jury contra Pascual, a la que cuestionó por haber frenado una ley sancionada por el Congreso.
Por su parte, el diputado de Hechos, Manuel Passaglia, publicó en sus redes sociales que denunció a la magistrada y que también presentó un pedido de jury en su contra, al considerar que se “extralimitó” en sus funciones al suspender una normativa nacional.
A las críticas se sumó el expresidente Mauricio Macri, quien en redes sociales tachó de “inaceptable” el fallo de la jueza.
En medio del revuelo, trascendió otra polémica decisión de la jueza, quien el año pasado habría beneficiado con una “salida recreativa” a uno de los acusados de matar a la pequeña Uma Aguilera, de 9 años, en Lomas de Zamora. Ese hecho conmovió al país por sus trágicas características: los delincuentes asaltaron a los padres de Uma cuando salían en su auto de su casa y aunqueno opusieron resistencia dispararon matando a la nena.
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