El sindicalista Maximiliano Cabaleyro, referente de Camioneros en San Nicolás y exconcejal del Frente para la Victoria, podría recibir una condena de diez años de prisión efectiva por el bloqueo a la distribuidora Rey, de San Pedro. El pedido fue formulado por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio durante los alegatos finales del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás. El veredicto se conocerá el próximo miércoles.
La acusación apunta a los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, por hechos que se remontan a 2017 y que se extendieron hasta 2021. Además de la pena de prisión, las fiscales solicitaron que a Cabaleyro se lo inhabilite por una década a ejercer cargos públicos y que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria que cumple desde hace tres años, después de haber pasado un año y medio en la cárcel.
Según denunciaron los propietarios de Rey Distribución, Ariel y Gustavo Rey, durante años recibieron pedidos de dinero por parte del gremio para poder desarrollar su actividad sin inconvenientes.
La situación se habría agravado en 2021, cuando decidieron dejar de realizar esos pagos y comenzaron los bloqueos a la planta.
La empresa, dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, sufrió dos medidas de fuerza ese año. La primera ocurrió el 15 de enero y la segunda se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. De acuerdo con la acusación, la presencia de los manifestantes y de un vehículo instalado en el acceso impidió el movimiento normal de los camiones y paralizó las operaciones.
Los empresarios sostuvieron que las medidas fueron una represalia por haberse negado a continuar con los pagos. Durante el juicio se mencionó un desembolso de $805.000 para poner fin al conflicto. La contadora de la firma estimó en unos $13,5 millones el perjuicio económico ocasionado por el bloqueo, una cifra equivalente a alrededor de 140.000 dólares de la época.
¿Extorsión o reclamo laboral?
La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense de La Libertad Avanza Florencia Arietto, quien reclomó una condena de 15 años de prisión, el máximo previsto para los delitos atribuidos al dirigente. La letrada sostuvo que no se trató de un conflicto laboral, sino de un mecanismo de presión para obtener dinero.
El referente del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano rechazó las acusaciones a través de su abogado, Mauricio Gugger, quien habló de persecución gremial y aseguró que Camioneros reclamaba la reincorporación de un trabajador despedido y el reconocimiento de pagos por horas nocturnas. También negó que Cabaleyro haya impedido el ingreso, el egreso o la actividad comercial de la empresa. Según esta versión, el dinero mencionado durante el proceso correspondía a una deuda de aportes y a gastos vinculados con una medida gremial. Por eso, pidió la absolución de su defendido.
En la causa también hay otros seis exempleados de la distribuidora, para quienes la fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso.
Por su parte, Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros que había sido detenido junto a Cabaleyro, no integra este juicio: optó por un procedimiento abreviado, con una pena acordada de hasta seis años que todavía debe ser homologada.
La disputa escaló en 2022, tras las detenciones. En aquel momento, Camioneros bloqueó los accesos a San Nicolás durante tres días, una protesta que afectó la recolección de residuos y el ingreso de mercaderías. Ahora, el tribunal debe determinar si las medidas denunciadas contra Rey Distribución constituyeron delitos o quedaron dentro del marco de un conflicto gremial.
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