Dos propiedades en Campana, un BMW valuado en unos 70.000 dólares y 114 viajes internacionales realizados entre 2010 y 2026. Esos son algunos de los datos que opositores al dirigente metalúrgico Abel Furlán incorporaron a la causa en la que se investiga a María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora, por el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Calle es accionista y directora de USEM, la empresa que en 2023 firmó un contrato con la conducción nacional del sindicato para administrar una parte mayoritaria de sus aportes. La Justicia analiza si ese convenio pudo haber provocado un perjuicio patrimonial para el gremio.
La dirigente quedó en el centro de la escena después de que se conociera que habría comprado por unos 189.000 dólares el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes solicitaron allanar el inmueble y ampliaron la presentación con información sobre otros bienes.
Calle negó haber realizado la operación y atribuyó las acusaciones a una interna sindical. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó.
Entre la documentación incorporada al expediente aparecen registros de dos propiedades en Campana que figurarían a nombre de Calle. Una está sobre la calle Belgrano y la otra, dentro de un importante country de la zona.
Los denunciantes también mencionaron un BMW M135 xDrive valuado en unos 70.000 dólares y pidieron una investigación patrimonial sobre Calle y el resto de los involucrados. El requerimiento incluye inmuebles, vehículos, participaciones comerciales, inversiones y movimientos con tarjetas de crédito.
La medida alcanzaría también a Furlán, a Adalberto Raúl Braconi —el otro accionista de USEM— y a las personas o sociedades que eventualmente pudieran estar relacionadas con ellos.
Otro de los elementos aportados es un relevamiento de los movimientos internacionales de Calle. Según esa documentación, realizó 114 viajes entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México.
La actividad se intensificó en los últimos años: entre 2023 y junio de 2026 acumuló 80 viajes, más de dos tercios del total registrado. En 2023 realizó 22 salidas y en 2024 alcanzó el máximo anual, con 25. Durante 2025 se contabilizaron otros 24 movimientos y hasta el 27 de junio de 2026 se registraron nueve.
Los denunciantes pidieron que la Dirección Nacional de Migraciones entregue el detalle completo de sus ingresos y egresos del país, así como los de Furlán. El objetivo es comparar esos movimientos con las fechas de transferencias, pagos y momentos relevantes del contrato con USEM.
El contrato que investiga la Justicia
La denuncia fue presentada en febrero por Ángel Derosso, candidato opositor a Furlán en las elecciones de la UOM Zárate-Campana, junto con integrantes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor. Esos comicios fueron anulados por la Justicia debido a irregularidades.
Los dirigentes denunciaron una presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la contratación de USEM. Según la presentación, la empresa administraba fondos provenientes de unos 200.000 afiliados y percibía más de 100 millones de pesos mensuales.
El convenio, firmado en febrero de 2023, le habría permitido a USEM manejar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre de la UOM, efectuar pagos y administrar la caja del gremio.
También establecía honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado por las cuotas sindicales y tenía una vigencia de diez años. Los denunciantes sostienen que únicamente la empresa podía rescindirlo, lo que habría colocado al sindicato en una situación de subordinación jurídica.
El apodo de “primera dama”
En una ampliación de la denuncia, los opositores afirmaron que personas vinculadas con USEM se referían a Calle con el sugestivo apodo de “la primera dama”.
La dirigente fue concejal del Frente de Todos en Zárate y acompañó estrechamente la gestión de Furlán. También ocupó puestos de representación relacionados con la UOM ante organismos como la Organización Internacional del Trabajo e industrial Global Unión.
Su influencia generó cuestionamientos internos, especialmente porque figuraba como empleada del sindicato y, al mismo tiempo, era accionista de la empresa contratada para administrar sus fondos. Furlán justificaba esas designaciones por la capacidad profesional de Calle.
A partir de la denuncia, el juez federal Julián Ercolini ordenó en marzo el allanamiento de la sede nacional de la UOM. La medida, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, buscó obtener información sobre Furlán, Calle y el convenio con USEM.
En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo designó a Alberto Biglieri como interventor de la UOM por las irregularidades detectadas en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Biglieri asumió el 22 de mayo, despidió a Calle y puso en marcha una auditoría sobre las cuentas sindicales. Posteriormente, con el aval judicial, suspendió de manera preventiva los contratos con USEM que involucraban fondos del gremio y de la obra social de los metalúrgicos.
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