La prevista reanudación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abrió un nuevo frente de diferencias entre Argentina y Chile. El primer viaje está programado para noviembre, en un contexto marcado por los cuestionamientos del Gobierno argentino al proyecto petrolero Sea Lion y sus advertencias a los países que faciliten actividades de explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a Easter Island Naviera, transportará mercadería para abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio regular con Puerto Argentino. Según informó la empresa, la embarcación navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el pasaje de Drake, en cumplimiento de las normas internacionales.
El anuncio se conoció en septiembre, el mismo día en que Javier Milei se reunió en Santiago con su par chileno, José Antonio Kast. Durante ese encuentro, Chile ratificó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas y ambos gobiernos reafirmaron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.
La navegación del buque y las posiciones de ambos gobiernos
La posibilidad de que el Danstar sea interceptado por fuerzas argentinas fue planteada por fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile. Sin embargo, Buenos Aires no anunció ninguna medida de ese tipo y fuentes del Gobierno argentino descartaron que exista un conflicto próximo.
Desde Santiago, el ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo que la navegación de los barcos que salen del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada. También señaló que no hay antecedentes que justifiquen una escolta para el Danstar.
El funcionario reconoció que los convenios internacionales contemplan inspecciones cuando existen indicios de transporte de elementos o personas prohibidas, pero diferenció esa posibilidad de cualquier intervención por motivos políticos.
En Argentina sigue vigente el Decreto 256/2010, que exige autorización previa para determinados viajes entre puertos continentales y las islas, o para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. No obstante, especialistas en derecho marítimo señalaron que esa normativa no ofrece sustento para detener un mercante por el solo hecho de navegar hacia Malvinas.
Los expertos recordaron que los tratados de 1881 y 1984 establecen garantías de libre navegación vinculadas al Estrecho de Magallanes. En ese marco, interpretaron que el planteo argentino se concentra en la presión diplomática y en los compromisos regionales de respaldo al reclamo de soberanía.
Como antecedente, en abril de 2024 la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle mientras asistía a un pesquero taiwanés que había partido de las islas. El episodio no derivó en mayores consecuencias diplomáticas.
El petróleo, en el centro de los reclamos
Una de las principales preocupaciones argentinas es que la infraestructura regional facilite apoyo logístico a Navitas y Rockhopper, las compañías que impulsan el desarrollo petrolero Sea Lion en aguas próximas a Malvinas.
Esa inquietud no implica que se haya confirmado una vinculación del viaje del Danstar con el proyecto.
El canciller Pablo Quirno afirmó que Argentina monitorea la situación tras una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas. Además, durante una cena del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, advirtió que la conducta de cada país frente a la cuestión Malvinas influirá en la profundidad de sus vínculos con Buenos Aires.
Quirno también cuestionó a quienes contribuyan, de manera directa o indirecta, a la exploración o explotación de recursos que Argentina considera propios. Tras su intervención, los embajadores del Reino Unido y de Chile se retiraron del encuentro.
El lunes 12 de octubre vence el plazo fijado por el Gobierno argentino para que el Reino Unido adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas. Buenos Aires anunció que avanzará con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Legisladores pidieron limitar el apoyo logístico regional
En paralelo, un grupo de senadores y diputados argentinos remitió una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que impidan el uso de puertos, aeropuertos y otras instalaciones de sus países en apoyo a empresas que exploren o exploten recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
La presentación fue enviada el 29 de septiembre y sus detalles se conocieron en las últimas horas. Entre los firmantes figuran Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro.
Los legisladores invocaron la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La carta sostiene que los países de la región cuentan con una posición geográfica y una infraestructura estratégica para limitar el respaldo logístico a esas operaciones.
Diferencias por el Estrecho de Magallanes
La discusión comercial se suma a una serie de cruces por el Estrecho de Magallanes. Chile había cuestionado la Directiva de Política de Defensa Nacional aprobada por Argentina en 2021, cuya referencia a tareas de exploración, estudio y control conjunto en esa zona fue interpretada por Santiago como incompatible con los tratados bilaterales.
En agosto, declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre la soberanía en el extremo sur motivaron otra protesta chilena. Posteriormente, autoridades argentinas reconocieron la soberanía de Chile sobre el Estrecho.
Tras la reunión entre Milei y Kast, nuevas expresiones de la senadora Patricia Bullrich sobre el control de ese paso volvieron a generar cuestionamientos. Legisladores chilenos defendieron, además, el derecho de su país a mantener relaciones comerciales con las islas.
Pese a esas diferencias, el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, destacó esta semana la cooperación militar con Chile. Mencionó el seguimiento coordinado de la flota pesquera extranjera y la Patrulla Antártica Naval Combinada, al tiempo que ratificó la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas.
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