La oposición bonaerense presentó pedidos de informes en las dos cámaras de la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof brinde explicaciones sobre el destino de las vacunas, los gastos efectuados y las posibles consecuencias económicas de la fallida expropiación de un predio ubicado en el kilómetro 46 de la Autopista Panamericana, en el partido de Pilar.
Las iniciativas, impulsadas por legisladores de La Libertad Avanza, apuntan a reconstruir el proceso que comenzó con la sanción de la Ley 15.239 y terminó con la suspensión judicial de la expropiación, el desalojo del inmueble y su restitución a la empresa Pilar Bicentenario S.A.
El predio, de aproximadamente nueve hectáreas, había quedado embargado en una causa penal federal por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, en la que se investigó a integrantes de la familia de Pablo Escobar Gaviria. Durante la pandemia, mientras se encontraba bajo secuestro judicial, allí funcionó uno de los centros de vacunación contra el Covid-19 más grandes de la Provincia. Posteriormente también operó una oficina municipal para tramitar licencias de conducir.
LOS INTERROGANTES SOBRE LA EXPROPIACIÓN
La Legislatura bonaerense sancionó el 22 de diciembre de 2020 la Ley 15.239, que declaró el inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación. La norma estableció que el lugar sería destinado a dependencias del Poder Judicial provincial, una delegación del Ministerio Público Fiscal, una sede de la Casa de la Provincia y oficinas descentralizadas de la Municipalidad de Pilar.
Los proyectos opositores advierten que ninguno de esos destinos contemplaba la instalación de un centro sanitario o vacunatorio, pese a que el establecimiento ya cumplía esa función cuando se aprobó la ley.
Por ese motivo, reclaman que el Ejecutivo entregue los antecedentes administrativos, técnicos, jurídicos, económicos y presupuestarios utilizados para impulsar la expropiación. También solicitan las tasaciones realizadas, el valor atribuido al inmueble y los recursos previstos para afrontar una eventual indemnización.
Además, buscan determinar si la Provincia o el Municipio iniciaron el juicio de expropiación dentro del plazo de cinco años establecido por la norma y bajo qué título jurídico utilizaron o administraron el inmueble.
UNA EXPROPIACIÓN FRENADA POR LA JUSTICIA
Según los fundamentos de las iniciativas, Pilar Bicentenario S.A. cuestionó judicialmente tanto el procedimiento legislativo como las razones invocadas para declarar la utilidad pública del predio. Los planteos llegaron a la Suprema Corte bonaerense y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En septiembre de 2024, la Justicia Federal suspendió la expropiación. Posteriormente, en marzo de 2025, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 8 de San Isidro ordenó desalojar el inmueble y restituirlo a la empresa propietaria.
Los legisladores solicitan copias de esas resoluciones y preguntan qué gestiones administrativas o judiciales realizó el gobierno provincial después del desalojo para intentar sostener los destinos establecidos por la ley.
Otro de los puntos centrales es el costo del proceso. La oposición reclama conocer el monto total gastado por la Provincia y la Municipalidad de Pilar, además de una estimación de los eventuales reclamos de la empresa por daños, lucro cesante o costas judiciales.
QUÉ PASÓ CON LAS VACUNAS Y LOS EQUIPOS
El capítulo más sensible de los pedidos está relacionado con los insumos sanitarios. Los proyectos mencionan informes periodísticos y registros audiovisuales que habrían mostrado documentación de la campaña de inmunización, equipamiento, insumos médicos y mobiliario expuestos al deterioro y a hechos de vandalismo dentro del predio.
Ante esa situación, exigen que el Ministerio de Salud informe qué medidas tomó para inventariar, retirar o recuperar vacunas, medicamentos y equipos antes y después de la restitución judicial.
En particular, solicitan precisar cuántas dosis contra el Covid-19 recibió el vacunatorio, cuántas fueron aplicadas, trasladadas a otros establecimientos, vencidas, descartadas, destruidas o dadas de baja. También reclaman los registros de stock y los inventarios correspondientes.
Los documentos no afirman como un hecho comprobado que hayan quedado vacunas abandonadas, pero señalan que hasta ahora no se informó públicamente cuál fue su destino.
destacado destacado destacado destacado destacado
SUSCRIBITE a esta promo especial