El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó hoy a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses, tras la demostración de un armado delictivo que extorsionaba a narcotraficantes y comercializaba droga robada en la localidad de Quilmes.
El fallo judicial desmontó el accionar de una organización criminal integrada por agentes de las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Los jueces sancionaron a los implicados por la falsificación de procesos judiciales y la apropiación de cargamentos de estupefacientes para su posterior venta. Además, el veredicto incluyó penas para seis civiles involucrados en las maniobras ilegales.
El episodio central juzgado corresponde al operativo fraguado en diciembre de 2013, conocido como "Leones Blancos". En esa ocasión, la banda de uniformados simulo el secuestro de media tonelada de cocaína en una quinta de Moreno tras una falsa denuncia anónima. Paralelamente, los efectivos sustentaron el robo de otra media tonelada de sustancia ilegal almacenada en un vehículo. La droga sustraída, con un valor estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, sufrió el traslado hacia Santa Clara del Mar para su distribución en la Costa Atlántica y en el circuito internacional.
El tribunal aplicó las sanciones más severas a la cúpula de la delegación Quilmes, lugar de origen de las actuaciones falsas. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más altas. Los magistrados determinaron la coautoría de estos agentes en delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Asimismo, la resolución alcanzó a los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco con 14 años y 6 meses de prisión, y a la sargento Tamara Silvina Machuca con 11 años de cárcel.
La investigación judicial expuso el mismo patrón de actuación en los expedientes conexos "Bustamante", "Basaldúa", "Acosta" y "Santellán". La fiscalía acreditó exigencias de dinero para evitar imputaciones y la confección de actas fraudulentas en complicidad con miembros del sistema penal. Respecto a la estructura de San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty recibió una pena de 17 años de prisión como organizador de la asociación ilícita, mientras que el sargento Santiago Ignacio Cabré y el teniente Mario Alberto de Armas sufrieron condenas de 14 y 12 años respectivamente.
Las condenas también afectaron el ámbito civil y profesional de los involucrados. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli recibieron penas en suspenso e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por su participación en los delitos de extorsión y cohecho. Por último, la justicia absolvió a seis imputados y dispuso el envío de los antecedentes a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre la responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios judiciales.
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