La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó un fallo favorable al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Quilmes el pasado 4 de agosto. El tribunal judicial cuestionó el procedimiento institucional que la entidad aplicó para retirar la matrícula profesional de la martillera A.P. La profesional afectada evalúa una demanda económica millonaria por los daños sufridos durante los cuatro años que duró la disputa legal.
La controversia comenzó cuando la institución otorgó la matrícula a la martillera y posteriormente dispuso la revocación del permiso bajo el argumento de la existencia de un impedimento legal. La profesional sostiene que la conducción tomó la medida de forma unilateral. El procedimiento no contó con la intervención ni con la aprobación previa del Consejo Directivo. La afectada no logró acceder a las actas institucionales para verificar qué integrantes autorizaron la quita de su habilitación.
La disputa incluyó el envío de una carta documento firmada por tres directivos durante la gestión del expresidente Roberto Belmonte. La damnificada busca determinar si el órgano directivo debatió la decisión antes de la emisión del documento oficial. La secuencia de las actas resultará clave en la investigación para precisar la responsabilidad directiva.
El tribunal de alzada criticó el accionar posterior de la institución bonaerense. La entidad retiró la matrícula y luego inició una acción declarativa de certeza ante la Justicia para validar su propio acto. Los camaristas desestimaron esa presentación por improcedente e impusieron las costas del juicio al Colegio en su condición de vencido.
La martillera analiza el inicio de una demanda de resarcimiento por los perjuicios económicos acumulados en estos cuatro años de inhabilitación. La acción legal buscará determinar el grado de responsabilidad de la institución y de los dirigentes involucrados. Los libros de actas serán determinantes para reconstruir el proceso administrativo.
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