El fiscal Christian Granados solicitó el pasado viernes 14 de agosto la elevación a juicio de la causa por asociación ilícita y estafas reiteradas contra 21 personas acusadas de vender terrenos repetidos en el country Hudson Park de Berazategui. La presentación formal ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes busca determinar las responsabilidades penales de una de las maniobras inmobiliarias más grandes de la zona sur.
El expediente judicial I.P.P. N° 13-01-14203-21/00 comenzó a tramitar en el año 2021 tras una serie de denuncias presentadas por compradores damnificados. Las actuaciones determinaron un esquema delictivo sostenido en el tiempo para comercializar lotes de manera fraudulenta.
La hipótesis elaborada por la fiscalía sostiene que los acusados vendieron los mismos terrenos a distintas personas en múltiples ocasiones. La investigación confirmó que algunos parcelas sumaron hasta tres compradores diferentes con valores promedio que oscilaron entre los 25.000 y los 30.000 dólares por operación.
Entre las figuras destacadas del grupo de acusados aparecen los desarrolladores Carlos Molinari y Marcelo Suárez, este último fallecido durante el proceso, además de la mediática Liz Fassi Lavalle. La nómina completa de imputados incluye a María Lucrecia Silva, Elizabeth Mazzini, María Florencia Mari, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío G. Miquel, Luis Ayar Ach, Juan Carlos Ach, Adriana Nilda Bonetto, Esteban Villar, Andrea Claudia Perdomo, Augusto Turjanski, Luis Alberto Noguera, Danilla Vagge, Augusto Trotta, Andrea Norma Molina, Hernán Aníbal Martín Shaerer, Alejandra Deborah Gisela Shaerer, Evangelina de los Ángeles Barbarino y Florencia Elizabeth Figlioli.
El titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Berazategui, Gustavo Alejandro Mora, debe analizar el pedido presentado por la UFI N° 2. El magistrado definirá si la prueba acumulada alcanza para ordenar el debate oral.
El requerimiento de la fiscalía implica el cierre de la etapa de recolección de pruebas al considerar acreditado el delito investigado. El futuro debate oral ante el tribunal correspondiente fijará la inocencia o culpabilidad de los involucrados mediante una sentencia definitiva.
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