En las últimas décadas, el tradicional álbum familiar de fotos, aquel objeto físico, privado y custodiado bajo llave en el ámbito doméstico que se compartía en los asados familiares siendo el motivo de vergüenza para la mayoría de nosotros, ha dejado de existir. Hoy, ese registro analógico ha sido desplazado por un flujo incesante de publicaciones, TikToks, Reels e historias de Instagram. La digitalidad forma parte de nuestra vida ya de manera integral; es un error garrafal pensar que son esferas separadas. La vida real y la digital están completamente fusionadas y, por ende, las experiencias vividas ahora son compartidas con los nuestros de esa manera.
Ante este escenario vertiginoso, las preguntas se vuelven inevitables en cuanto a qué compartimos: ¿Cuál es el límite? Nos enamoramos, conseguimos trabajos nuevos, nos separamos, tenemos hijos: todo lo volcamos a las redes. Pero ¿qué pasa cuando esta información compartida tiene que ver con otros? ¿Qué pasa cuando el objeto de esta exposición son nuestros hijos e hijas, sobrinos sobrinas?
Los niños dan sus primeros pasos, hacen un berrinche o simplemente disfrutan alguna actividad, mientras nuestros celulares filman el momento. Segundos después, esas imágenes, que antes pertenecían estrictamente a la vida privada, son lanzadas al ecosistema digital. Lo que para muchos padres es un acto de orgullo o una bitácora de vida, resuena con un nombre concreto que enciende alarmas: sharenting (del inglés share, compartir, y parenting, crianza). No se trata de una simple tendencia de las plataformas de comunicación; es un cambio drástico de paradigma que pone en jaque el concepto de privacidad y, fundamentalmente, la soberanía de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sobre sus propias vidas.
La digitalidad es parte de la vida de manera integral; es un error pensar que son esferas aparte
El problema de fondo radica en la percepción del hijo como una extensión del “yo” de los padres, y no como un individuo con autonomía propia. Al subir este contenido, se ignora que el niño es un sujeto de derecho y no un objeto que podemos mostrar en el perfil de Instagram de un adulto. Esta sobreexposición construye una huella digital profunda antes de que el menor tenga siquiera uso de razón para decidir cómo quiere ser percibido por el mundo.
LOS NIÑOS COMO CONTENIDO
La problemática central radica en una asimetría de poder que muchas veces pasa desapercibida. Cuando un progenitor decide publicar una imagen de su hijo en una situación vulnerable, durmiendo, llorando, en berrinche o con poca ropa, está ejerciendo un acto de exposición sobre la imagen de un tercero. En esta dinámica, el niño deja de ser percibido como un sujeto de derecho pleno para convertirse, involuntariamente, en un generador de contenido para la audiencia del adulto. Como advierte la especialista de la materia, Agustina Díaz Cordero (2024) en su texto “El derecho a la identidad e imagen de los menores de edad en las redes sociales. El “sharenting” , resulta alarmante observar cómo “muchos padres que debieran proteger a sus hijos, los exponen negligentemente a las redes, descuidando de este modo sus derechos más sagrados, que son la protección del honor, la intimidad y la propia imagen”.
¿Qué impulsa este deseo de exhibición? La cultura del “espectáculo del yo” ha permeado de tal forma en la identidad adulta que la paternidad se ha vuelto un hito de validación social. El hijo, entonces, funciona como un accesorio de esa identidad pública. Sin embargo, en este proceso se produce una erosión de la individualidad: el niño es expuesto como una extensión del deseo o el orgullo de los padres, anulando su capacidad de decidir cómo desea presentarse ante el mundo.
Para desmitificar el origen puramente malicioso de esta práctica, Manuela Andrade, abogada perteneciente al área de Niñez de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aporta una mirada crucial sobre la parte más de la problemática: “El sharenting puede nacer de algo incluso más inocente; no hablamos solo de adultos que podrían utilizar esa información o datos para cometer delitos en torno a la integridad sexual de los niños, a veces son simplemente padres que publican fotos orgullosos de los logros o actividades de sus hijos. Sin embargo, el derecho a la imagen y el consentimiento cumplen un rol central: todo esto se agrava y está aún más desprotegido en cuanto a las niñeces. No podemos pensar esta problemática fuera de la lógica familiar, que implica instruir a los niños y niñas en cómo usar sus redes y su vida de manera autónoma y segura”.
LA AUTONOMÍA PROGRESIVA FRENTE A LA HUELLA DIGITAL
El marco legal actual en nuestro país, fundamentado con rango constitucional en la Convención sobre los Derechos del Niño y operativizado mediante la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral, establece el principio de la autonomía progresiva. Este principio reconoce que los menores van adquiriendo la capacidad de ejercer sus derechos por sí mismos a medida que maduran. El sharenting choca frontalmente con este concepto: la huella digital que los padres crean hoy es indeleble y precederá a la identidad que ese niño quiera construir en su adolescencia o adultez.
Un adolescente de hoy puede encontrarse con que su historial de vida, desde la primera ecografía hasta sus fracasos escolares, ya está catalogado, indexado y disponible en servidores de empresas varias, mucho antes de que tuviera la madurez para entender qué significa la privacidad. Este “secuestro” de la imagen ajena vulnera de manera directa el derecho al olvido, una pieza clave de la libertad individual de nuestro siglo. El mismo consiste en la facultad que tiene una persona de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda que eliminen o bloqueen un dato personal suyo por considerar que afecta alguno de sus derechos fundamentales.
LA EXPOSICIÓN DEL “OTRO”
En un mundo hiperconectado, una publicación no es un acto aislado. Al registrar un evento escolar o una reunión social, los padres suelen capturar y difundir la imagen de otros menores, cuyos tutores quizás han optado conscientemente por el anonimato. Esta falta de “etiqueta digital” revela un vacío ético profundo: la creencia de que el derecho individual a registrar la propia vida personal otorga libertad para invadir la órbita de privacidad de los demás, pisoteando la individualidad ajena.
La intimidad no es un bien transable, ni de consumo, ni siquiera para quienes ejercen la representación legal del menor. Los padres tienen el deber de protección, y esa protección hoy debe ser, primordialmente, digital. Al respecto, el jurista Hugo Alfredo Vaninetti (2025) señala con precisión que “el ejercicio de la responsabilidad parental en el siglo XXI debe ampliarse a nuevas dimensiones, entre las que destacan la gestión de la huella digital, la protección de la intimidad y el acompañamiento en el ejercicio de una ciudadanía digital responsable”. La exposición no solo conlleva riesgos psicológicos relacionados con la autoestima y la necesidad de aprobación externa, sino riesgos tangibles de ciberseguridad, como la manipulación de imágenes mediante algoritmos o el ciberacoso.
RESPUESTAS INSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS EN TERRITORIO BONAERENSE
Frente a este escenario complejo, las alarmas ya encendieron acciones concretas en el sector público de la Provincia de Buenos Aires, abordando el problema de forma conjunta desde la concientización institucional y la estructura legislativa.
La respuesta de control e intervención territorial tiene su anclaje en los organismos de defensa. En su entrevista, la abogada Manuela Andrade detalla minuciosamente el rol que cumple la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de manera colectiva y estatal que se despliega en territorio bonaerense frente al consumo digital sin regulaciones: “Desde la Defensoría del Pueblo ponemos el ojo en las redes sociales: cómo las usamos, cuánta información compartimos y de qué manera, cómo nos relacionamos con otros y cuánto tiempo real pasamos frente a la pantalla. Para eso el organismo tiene talleres específicos de Grooming y Consumo Digital Responsable destinados a estudiantes de toda la provincia, además de la campaña ‘Desconectate para conectar’. La ley es importante, pero acá lo fundamental es concientizar a los padres y adultos que poseen estas conductas. El Estado debe garantizar derechos para los niños, niñas y adolescentes; es crucial saber quién puede denunciar este tipo de casos y cómo las personas menores de edad pueden presentarse ante la justicia, porque estamos obligados a protegerlos de manera integral”.
El “secuestro” de la imagen ajena en menores vulnera de manera directa el derecho al olvido
En sintonía con esta urgencia pedagógica y de concientización, el debate escaló formalmente a los pasillos de la Legislatura provincial. Romina Braga, diputada de la Coalición Cívica Radical (CC ARI), impulsa un proyecto de ley que propone crear un Programa Educativo sobre sharenting en todas las escuelas públicas y privadas del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
“El tema nos lo acercaron docentes y directivos de escuelas de la provincia preocupados por la liviandad con la que, de forma inconsciente, muchos chicos y, principalmente, muchos padres o familiares comparten información o imágenes privadas en redes sociales sin preservar la intimidad ni tomar dimensión de los riesgos que esto conlleva”, explica la diputada Braga.
La iniciativa legislativa busca dotar al sistema educativo de espacios de debate articulados en cuanto a la temática. La diputada detalla problemáticas alarmantes y concretas que se ramifican hoy en el territorio: “el grooming, el ciberbullying, el robo de identidad, la creación de perfiles digitales falsos, la utilización de imágenes por redes de pedofilia, la creación de una huella digital involuntaria, y nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial, como la recreación de voces o fraudes virtuales”. Tanto para los organismos de control como para la representación parlamentaria, la brecha temporal exige velocidad: “Estas problemáticas están creciendo a pasos agigantados y nos estamos quedando atrás”, concluye Braga.
HACIA UN NUEVO CONTRATO DE CUIDADO
Debemos tomar medidas que repiense la responsabilidad parental, no solo desde las instituciones sino que de manera individual. La infancia y la adolescencia debe ser entendida como un espacio que rige el desarrollo de la personalidad, de cómo nos paramos y vemos el mundo. Para ello, el mundo adulto debe hacer un ejercicio de autorregulación y empatía a través de tres ejes prácticos: Antes de presionar el botón de publicar, el adulto debería preguntarse honestamente: ¿Le gustará a mi hijo ver esta foto expuesta ante el público? ¿Impacta esto en la vida escolar de mi hijo? ¿Y en su vida laboral en el futuro?; fomentar desde edades tempranas la pregunta pedagógica: ¿Puedo subir esto? ¿Querés que lo compartamos? Sostener que los niños sean sensibles con la integridad del otro, puedan preguntarle al otro que autorizan y que no sobre su nformación. Aunque el niño no comprenda el alcance total de la red, esto instala tempranamente la cultura del consentimiento y el respeto sobre el propio cuerpo; retornar a los canales de comunicación cerrados, nubes privadas compartidas, redes sociales con seguridad; para preservar el registro afectivo y el lazo familiar sin ceder la soberanía de la imagen del algoritmo.
El sharenting nos obliga a preguntarnos qué valor real le asignamos a la intimidad en una era que premia la transparencia total y la exposición constante. Si la infancia es el territorio importantísimo donde se ensaya libremente la construcción de la identidad, ese ensayo debe ocurrir necesariamente en un espacio seguro, lejos de la mirada de miles de desconocidos. Proteger la privacidad de los hijos hoy es garantizarles la libertad soberana de ser quienes quieran ser mañana, sin el lastre condenable de una biografía digital que ellos jamás eligieron escribir.
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