La expansión acelerada de la inteligencia artificial plantea oportunidades, pero también dilemas jurídicos, educativos, laborales y éticos que requieren debate. Mientras la Unión Europea cuenta desde hace dos años con la AI Act, que establece reglas de transparencia y busca prevenir determinados riesgos, la Argentina aparece rezagada en la discusión. Hasta ahora, solo existe una resolución administrativa bonaerense sobre el uso de IA en la gestión estatal.
A nivel nacional, se impulsaron iniciativas como la creación de empresas no humanas, gestionadas por agentes virtuales, y el programa “gemelo digital”, destinado a procesar grandes volúmenes de datos de organismos como Anses y Migraciones. Estas propuestas abren interrogantes sobre protección de datos y responsabilidad por decisiones tomadas mediante algoritmos.
El debate también alcanza a la educación, donde se advierten dificultades para distinguir producciones humanas de las generadas por IA, y a las redes sociales, por su potencial para manipular la opinión pública. Además, el uso de imágenes falsas y la relación de niños y adolescentes con bots plantean nuevos desafíos.
El planteo central es avanzar hacia una política de Estado que combine innovación con regulación, planificación y cautela. Congreso, Justicia, universidades, especialistas, empresas y colegios profesionales aparecen como actores necesarios para discutir nuevas normas, actualizar la legislación existente y establecer una hoja de ruta frente a una tecnología en permanente transformación.
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