Versiones y graves denuncias contra policías, fiscales y funcionarios

Candela Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto pasado en Hurlingham. Nueve días después, en medio de un país sensibilizado por el caso, la niña de 11 años apareció asesinada en un descampado del mismo distrito del oeste del Conurbano. La falta de pistas y el desconcierto inicial de los investigadores fueron notorios. Luego la causa se “encaminó” con testigos de identidad reservada y se produjeron numerosas detenciones.

Pero en las últimas semanas, junto con la excarcelación de la mayoría de los detenidos, abogados de algunos imputados vienen haciendo graves denuncias contra responsables directos e indirectos de la investigación. Marcelo Mazzeo, defensor de Gladys Cabrera -dueña de la casa donde habría estado cautiva Candela- recusó al fiscal del caso, Marcelo Tavolaro, y al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, “por dirigir la investigación contra ‘perejiles’ con la intención de generar impunidad” y pidió que se aparte a la Bonaerense del caso.

El nudo de las denuncias pasa por el acusado de ser autor intelectual del crimen, Héctor Moreyra, a quien se sindica como un informante de la Policía que “durante los días en que Candela estuvo secuestrada trabajó codo a codo con los (entonces) jefes policiales Roberto Castronuovo y Marcelo Chebriau”, según sostiene Mazzeo.

Pero el abogado apunta aún más arriba. “El ahora jefe la Policía, Hugo Matzkin, dijo en un momento que el caso estaba relacionado con una guerra de narcotraficantes, pero por orden de su antecesor (Juan Carlos Paggi) se paró todo”, dijo Mazzeo, que sostiene la acusación de que “hay complicidad de policías” con esa bandas, y apunta, como otros defensores, a la “falta de credibilidad de los testigos de identidad reservada”, a los que consideran “aportados” por la propia Policía “para desviar la investigación”, y extienden sospechas sobre el ministerio de Seguridad que conduce Ricardo Casal y el abogado de la familia de Candela, Fernando Burlando.