Impulsan una ley para agilizar los jurys

Mientras avanza el proceso iniciado contra los jueces del Tribunal de Casación bonaerense Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto que apunta a agilizar los juicios políticos contra magistrados y funcionarios.

La iniciativa fue firmada por la presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, que presentó la semana pasada una denuncia contra Piombo y Sal Llargués en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

En concreto, propone crear la figura del Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a partir de una modificación de la ley 13.661, que establece las normas de procedimiento para los jurys.

“IMPULSO PROCESAL”

El Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dice la norma, “tendrá a su cargo velar por el cumplimiento del impulso procesal en las actuaciones y representar subsidiariamente a las personas físicas o jurídicas que efectuaran denuncia sin patrocinio letrado ante la Comisión Bicameral”.

“Esta iniciativa se enmarca en nuestra pelea por una mayor democratización de la Justicia. Hace tiempo que venimos planteando en consonancia con el Gobierno Nacional, una modernización del Poder Judicial, traducida en una mayor cantidad de órganos y la cada vez más amplia judicialización de los derechos” manifestó Fioramonti, quien firmó el proyecto junto a su par de bancada Patricio García.

La legisladora kirchnerista dijo que “ante los casos que se han hecho públicos en las últimas semanas, creímos necesaria la creación de un órgano que tenga como función específica el velar por el cumplimiento del impulso procesal de las actuaciones y representar a aquellas personas físicas o jurídicas que efectúen denuncia sin patrocinio letrado, considerando la naturaleza del propio Jurado de Enjuiciamiento como órgano no permanente, la periodicidad de los mandatos de sus integrantes legisladores, la necesidad de reforzar las garantías en lo que hace al debido proceso y la expectativa pública de que las conductas denunciadas de tan altas magistraturas sean consideradas con estricto cumplimiento de los plazos legales”.

“De esta manera se pretende evitar que esa facultad constitucional de denunciar que se emparenta en algún sentido con una verdadera acción popular, resulte ilusoria” subrayó la senadora oficialista, al tiempo que insistió que “la experiencia acumulada desde el año 2007 nos permite vislumbrar que muchas cuestiones se retardan más de lo necesario, sin que sea posible imputar esa situación a alguien en particular, por lo que entendemos que es necesario un órgano que, sin estar comprometido con la instrucción, represente en este tribunal constitucional el interés público”.

DENUNCIAS

Fioramonti, autora del proyecto, presentó días atrás una denuncia contra los jueces Piombo y Sal Llargués por el fallo en el que los integrantes del Tribunal de Casación resolvieron bajar la pena de un condenado por abuso de un menor con el argumeto de que la víctima “tenía una tendencia homosexual”.