La pelea por los fondos y la ambición por la obra pública

A poco de asumir en la Gobernación, María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto para que se declare el estado de “emergencia” en materia de infraestructura en la Provincia.

La norma le permitió acortar los plazos de licitación y adjudicación de obra pública, un tema central para la administración de Vidal, que entiende que será el motor de la recuperación económica de la Provincia.

El Ejecutivo luego impulsó un proyecto integral de obra pública para actualizar la vieja norma que data de la década del ‘50. Según entienden en el gobierno de Vidal, sólo con un nuevo marco legislativo que, entre otras cosas, agilice los tiempos al morigerar controles, se podrá avanzar en la concreción de un ambicioso plan de obra pública este año.

En paralelo, el gobierno bonaerense logró a fin del año pasado que la Legislatura sancione el proyecto de Presupuesto 2017 que contiene una autorización para tomar endeudamiento por 52 mil millone de pesos a lo largo del año, buena parte de los cuales irán a financiar obras de infraestructura en el interior y el Conurbano.

Originalmente, Vidal había pedido autorización por unos 90 mil millones de pesos, pero la cifra fue modificándose en el marco de las negociaciones con la oposición.

La Gobernadora finalizó el año con la primera inauguración de una obra de peso realizada enteramente durante su gestión: la denominada “ruta del cereal”, un corredor rural que une la Ruta Provincial 86 con la Ruta Nacional 33 entre los partidos de Pehuajó y Daireaux.

planteo a la corte

Uno de los temas en lo que más énfasis puso Vidal desde su desembarco en la Gobernación fue la recu peración de los fondos que la Provincia debería percibir en concepto de coparticipación y, en concreto, por el denominado “Fondo del Conurbano”, cuyo tope fue congelado en 650 millones de pesos anuales hace 21 años.

Luego de algunos sondeos políticos y por la vía del Congreso, Vidal decidió centrar la estrategia de la Provincia para recuperar los fondos en la Justicia.

A fines de noviembre, la Corte Suprema aceptó tratar un recurso presentado por la Provincia a través del cual se pide que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de impuesto a las Ganancias que establece un tope de 650 millones de pesos anuales convertibles a la participación del 10 por ciento que la Provincia tiene en el producido del gravamen.