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El fiscal le imputa la violación de su novia y los abusos y corrupción contra sus propias hijas
El fiscal del crimen de La Plata Marcelo Romero solicitó ayer que se convierta en prisión preventiva la detención de Jorge Cristian Martínez Poch (49), al dictaminar que hasta el momento en el expediente judicial se reunieron pruebas como para mantenerlo entre rejas bajo sospecha de haber raptado, maltratado y violado a su novia, y de corromper y abusar de sus dos hijas.
Este pedido tiene como objeto que el imputado siga en prisión, al menos hasta que el caso sea ventilado en audiencia oral y pública.
Para llegar a este dictamen, Romero agregó nuevas pruebas, entre ellas las ampliatorias de las testimoniales prestadas en sede judicial por las hijas de Martínez Poch.
Ellas narraron situaciones horrorosas, como por ejemplo que su padre, cuando eran menores, las mandaba a conseguir cocaína a distintos lugares y que se drogaba delante de ellas, explicaron voceros judiciales.
También que Martínez Poch practicaba tiro al blanco con ellas, poniéndoles una manzana en la cabeza.
Estos y otros detalles de esos desgarradores relatos “no sólo narran la capacidad de perversión del acusado, su modus operandi, el proceso de despersonalización al que han sido sometidas, la forma en la que se han escapado de la espiral de violencia no sin secuelas para sus vidas sino que también el ritual ejercido por el imputado para concretar sus deleznables fines”, detalló el fiscal en su solicitud de preventiva, que ahora deberá ser resuelta por el juez de Garantías que interviene en el caso, Jorge Moya Panisello.
“UN CHACAL”
El fiscal explicó que luego de escuchar a las menores “no existe poder de síntesis capaz de abreviar e ilustrar” sobre “las atrocidades y la perversión a las que se vieron sometidas las víctimas, quienes -sin el mínimo espacio de libertad decisoria y ambulatoria- se vieron obligadas a convivir con un chacal”.
De esta forma, el fiscal dio por acreditado que “por lo menos desde el 6 de septiembre de 2013, un hombre -ejerciendo actos de suma violencia física, psicológica y vejaciones para que Vanessa R. permanezca contra su voluntad-, la privó de su libertad personal”, en su departamenteo de calle 23.
También, que “desde fecha no precisa hasta el momento en que las víctimas pudieron escapar del calvario, el mismo hombre -padre conviviente de las mismas- realizó en forma constante -erigiéndose en forma de vida- actos de vejación, violencia física y moral, coación, humillación, abuso sexual, corrupción”, en perjuicio de sus dos hijas.
El fiscal además dictaminó que la misma persona “sometió a relaciones y prácticas sexuales aberrantes contra la voluntad expresa de Vanessa R.”, a quien habría violado en reiteradas oportunidades “mediante el empleo de medios hipnóticos o narcóticos, que generó que la nombrada no haya podido consentir la ejecución de las mismas, más allá de que tal modo de factura entrañe el concepto de violencia”.
Para el fiscal el caso configura “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por la violencia y amenazas con las que se cometió”, por los padecimientos que habría sufrido la abogada Vanessa R., “en concurso real con corrupción de menores agravada por violencia, amenazas, intimidación, coerción y el vínculo de parentesco y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima”, en virtud de los hechos denunciados por sus hijas.
Ahora, la última palabra la tiene el juez Jorge Moya Panisello.
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