Aprobada en comisión, el Gobierno avanza con la ley de Abastecimiento

EL OFICIALISMO IMPUSO DICTAMEN FAVORABLE PARA EL PROYECTO DE LEY DE ABASTECIMIENTO

El oficialismo impuso ayer, en un plenario de comisiones del Senado, dictamen favorable a los dos proyectos de Defensa del Consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento, a los que aplicó una serie de cambios, al tiempo que la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que podría ir a la Justicia, en caso de aprobarse.

Fue durante la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda, y de Industria y Comercio, ante quienes desfilaron representantes de ONG’s defensoras de consumidores y usuarios, la UIA y especialistas como los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y alertaron sobre su posible rechazo judicial.

En tanto, el presidente de la central fabril, Héctor Méndez planteó en la sede de la UIA que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de “abuso de autoridad” y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso finalmente la aprueba, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno (ver aparte).

LOS PROYECTOS

Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, son tres:

A) uno que establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos.

B) Otro que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor)

C) Y un tercero que reforma de la Ley de Abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobe la vida de las empresas.

El oficialismo, que consiguió el respaldo en general de parte de las asociaciones de defensa del consumidor, como críticas desde los sectores empresarios y de la oposición, incorporó una series de modificaciones a las iniciativas, como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios.

El secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, casi sobre el cierre del debate, tuvo a cargo dar a conocer las modificaciones dispuestas.

El funcionario hizo saber que se accedió a eliminar las clausuras definitivas que se mencionaban en el proyecto inicial; que se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir una eventual discrecionalidad del Ejecutivo; que se estableció el pago de una compensación “justa y oportuna”, en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y que, de ello, se origine un perjuicio económico para las empresas.

También informó que se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.

Luego, el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, reconoció favorablemente los cambios producidos, los cuales -dijo- “minimizan o disminuyen la arbitrariedad que venimos planteando” y apuntó que ésta “debe ser la primera vez que se produce un debate en el Senado, con cambios importantes y con presencia de funcionarios”.

Pero, aclaró, que su bancada presentará hoy un dictamen propio en minoría de la Ley de Abastecimiento y respecto al de creación del Observatorio de Precios, aunque admitió el acuerdo del bloque de la UCR en general para la creación del fuero especial.

DUROS CUESTIONAMIENTOS

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay rechazó el proyecto de modificación de la ley de Abastecimiento y consideró que será “rápidamente despedazada en los Tribunales”, como ocurrió, dijo, con “la reforma judicial”.

Al comparecer ante el plenario de comisiones del Senado que trata el tema de Defensa del Consumidor y Ley de Abastecimiento, Sabsay opinó que el proyecto “no resiste el simple análisis de constitucionalidad. Está destinado a ser rápidamente despedazado por la Justicia, como ocurrió con la reforma judicial”.

En tanto, el constitucionalista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra opinó que con el proyecto impulsado por el Gobierno “el derecho a la propiedad queda absolutamente cancelado” y vaticinó que la medida será “invalidada por los tribunales” porque tiene “defectos groseros”.

“El derecho de propiedad queda absolutamente cancelado, nada queda de él”, alertó Gil Lavedra sobre la iniciativa ante el plenario de comisiones del Senado. Y luego el jurista evaluó: “No se puede alterar por una ley el piso de derechos básicos que fija la Constitución en materia de propiedad e iniciativa privada”.